El regulador mexicano pone sobre la mesa la necesidad de redes comunitarias en el país

Hay al menos tres cuestiones básicas a suplir para que se convierta en realidad un proyecto de red comunitaria y una de ellos es la política regulatoria que las viabilice. En este punto trabaja el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que presentó como objetivo asesorar a grupos comunitarios indígenas para la tramitación de títulos de concesión y ponerlos en contacto con empresas que eventualmente podrían estar interesadas en brindar servicios a estas poblaciones. México cuenta con 12 millones de descendientes directos de indígenas, el nueve por ciento de los habitantes del país.

Además de las cuestiones regulatorias, hay varios puntos a considerar a la hora de hablar de una red comunitaria con posibilidades de lograr su objetivo, entre los que aparecen las capacidades técnicas necesarias para su implementación, la formación de los encargadas de llevarla a cabo y la necesidad de que sean proyectos sostenibles en el tiempo con, por ejemplo, un modelo de negocio que lo permita. Otro punto que habitualmente aparece como barrera es la tramitación de permisos, un ítem que también se propone fortalecer el regulador mexicano.

El objetivo central apunta a poblaciones de menos de 2.000 habitantes, un propósito que ya atienden en algunos sitios operadores regionales y locales aglutinados en la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), señaló el portal local El Economista. Esta sería, a criterio de IFT, una buena forma de suplir parte de la demanda no atendida por operadores tradiciones ya sea por dificultades para disponibilizar infraestructura como por tratarse de lugares poco rentables por niveles socioeconómicos habitualmente bajos.

Las ventajas de una red comunitaria parecen no tener contrapuntos en una región en la que, por ejemplo, solo el 33 por ciento de los hogares estaba conectado a banda ancha móvil a mediados de 2018. Los operadores tradicionales, en tanto, solo se limitan a decir que parece una buena opción como complemento de sus redes y no como suplemento. Desde Asiet, por ejemplo, indicaron que “el problema está en sitios donde no está claro si hay o no interés comercial”, en los que “una buena intención puede generar impedimento en términos de sostenibilidad, oferta y competencia para usuarios”. Además, la entidad dijo que el problema “no es de infraestructura sino de brecha económica” porque solo el 10 por ciento de los habitantes de Latinoamérica no tiene cobertura móvil.

El comisionado de IFT Adolfo Cuevas Teja dijo que un centenar de micro-operadores se acercaron a pedir concesiones para telefonía, Internet o televisión paga pero solo se entregaron tres para grupos comunitarios. Se generarán foros en los próximos meses para hablar de, entre otros puntos, tecnología, equipos, tipo de organización. Además se abordarán cambios en los cobros por derechos para el uso y explotación de espectro para beneficiar a este tipo de proyectos.

Las buenas presentadas por el regulador se contradicen con la decisión que corrió en México contra la firma Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC). El operador obtuvo título para instalar una red de telefonía móvil y pidió exención del pago por derechos de espectro, pero no le fue concedido. La determinación final todavía depende de una decisión de la justicia. Quedará por revisar si el anuncio de IFT tiene algún tipo de consecuencia en ese proceso o será a partir de ahora que se tomarán acciones a favor de estos proyectos.

México es solo uno de los países que se ha pronunciado, desde sus autoridades, a favor de la creación de redes comunitarias. Chile trabaja en el tema desde hace al menos dos años y Argentina, por ejemplo, presentó una resolución que le permitió hace algunos meses entregar la primera licencia para redes comunitarias a favor de la asociación civil Altermundi.  A inicios de 2018, además, la OEA junto a Internet Society firmaron un acuerdo de colaboración para crear al menos 15 redes de este tipo en las Américas para 2020.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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