El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dio un plazo de diez días hábiles a los operadores peruanos para que cesen de la contratación del servicio de telefonía móvil en la vía pública. La decisión responde principalmente a cuestiones ajenas al sector. Aunque el asunto ya estaba deslizado en el Reglamento del Decreto Legislativo 1.338, el regulador velará por su pleno cumplimiento tanto en Lima como en el interior del país.
La regulación señala que “las firmas se encuentran prohibidas de comercializar chips, tarjetas SIM y cualquier otro dispositivo similar con el servicio activado antes de registrar los datos de identificación del abonado en el registro de abonados” y agrega que los operadores son responsables de todo el proceso de contratación del servicio público móvil que provean. Estas condiciones, a todas luces, no se cumplen en el comercio ambulante o al menos no lo hacen todos los involucrados.
En su descargo, Osiptel habla de la informalidad como un problema que afecta los derechos de los consumidores al considerar que los expone a las contrataciones fraudulentas en varios niveles. Es un punto ajeno a las telecomunicaciones que, en este caso, afecta al sector. La determinación se toma luego de que el organismo realizara más de 100 inspecciones a nivel nacional en la que advirtió incumplimiento de los comerciantes en puntos no habilitados.
Advierte, en este contexto, que las personas abordadas en las calles y que aceptan brindar sus datos están celebrando un contrato y, de no adoptarse las medidas respectivas se pueden presentar casos de portaciones no deseadas e incluso uso de datos y huellas para fines delictivos. También considera peligroso que la contratación se haga sin pleno conocimiento de las prestaciones que se ofrecen y señala como problema las dificultades para supervisar a este tipo de comerciantes.
Las multas que se han aplicado a los operadores locales en el último tiempo dan cuenta de que el sistema biométrico, registro que es obligatorio en Perú desde enero de 2017, no ha sido un objetivo fácil para las compañías, pues los prestadores recibieron sanciones por fallas en su uso como activaciones sin verificación previa o errores en los datos del solicitante. En el último año recibieron sanciones los cuatro prestadores con red propia: Telefónica, Claro, Entel y Bitel.
En el plano sectorial, Perú aplicó distintas medidas con el ojo puesto en reducir las irregularidades en la venta de dispositivos pero no todas fueron bien vistas. Por ejemplo, cuando se anunció que se bloquearían directamente los aparatos con IMEI que incumplían estándares de la GSMA hubo quienes reclamaron que esto podría ser perjudicial para los usuarios que adquirieron teléfonos de buena fe. Tras esto, Osiptel completó el proceso por etapas.
Ahora, entonces, el regulador se concentra en una nueva etapa en la que busca que solo se comercialicen chips en comercios autorizados y en un contexto favorable para que el usuario pueda evacuar dudas y evitar así malos entendidos. En 10 días hábiles, fecha que se cumple el 11 de diciembre próximo, la opción de vender quedará fuera de vigencia y quienes la ejerzan estarán sujetas a multas, un tipo de sanción que no ha resultado útil en Latinoamérica. ¿Se cumplirá?
