Perú ha implementado distintas medidas con el ojo puesto en prevenir los delitos asociados a teléfonos celulares. Una de ellas fue la puesta en marcha de un sistema de identificación biométrica, que es de carácter obligatorio para los operadores desde el dos de enero de 2017. Hubo quejas de las empresas antes, durante y después. Sus dificultades están a la vista: los cuatro operadores con red recibieron multas por este tema.
El último día de septiembre se cumplirán 1.000 días de esta implementación obligatoria que ha significado un dolor de cabeza para los proveedores de servicios móviles. Al principio el reclamo central era la inversión necesaria para poner en marcha este sistema, que a criterio del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) serviría tanto para prevenir delitos como una medida más de seguridad para los usuarios peruanos.
Después de los festejos de Navidad de 2016, los operadores dijeron estar listos para el desafío pero no escondieron su descontento por el costo que generaría el pago obligatorio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Claro decía que ya había adquirido los equipos necesarios pero alertaba, en paralelo, que inicialmente solo podría usarlo en algunas tiendas. Sus competidores se mostraron en la misma vereda y decían que el problema no era el sistema sino la inversión necesaria para sostenerlo.
Esas dificultades que se advertían al principio se transformaron luego en una serie de sanciones que aún no cesan. Telefónica, Claro, Entel y Bitel recibieron, al menos, una multa desde que entró en vigencia la normativa impulsada por el regulador. La mayoría de ellas fueron rechazadas por los operadores en primera instancia pero confirmada en una fase posterior por encontrarse endebles los argumentos de la defensa.
La última se dio en los últimos días y fue en contra de la filial local de América Móvil, a la que se sancionó por 1,4 millones de soles (416.000 dólares) por fallas en la identificación de clientes. La multa es igual a 350 Unidades Tributarias Impositivas (UIT), indicó el portal local El Comercio. Un total de 56 líneas fueron activadas sin verificación previa de los solicitantes, según la sanción impuesta en primera instancia que fue recientemente ratificada.
La empresa había argumentado que mejoró el sistema de verificación biométrica en sus centros de atención y capacitó a todo su personal en las tiendas, a nivel nacional. Sin embargo, la entidad resaltó que la activación de las líneas no se produjo en oficinas o centros de atención oficiales sino en puntos de venta y distribuidores autorizados, en donde también la responsabilidad recae en el operador.
A fines de 2018, en tanto, Bitel recibió seis sanciones por distintos motivos y uno de ellos fue activar líneas sin uso del sistema biométrico, además de la activación de líneas móviles en puntos de venta no autorizados. Este es un punto en el que las autoridades prestaron especial atención en el último tiempo y hasta se había deslizado la opción de una medida para prohibir la comercialización ambulante de chips, que generó algo de polémica por sus posibles alcances.
Entel también fue sancionado por prácticas similares y lo mismo ocurrió con Telefónica, el líder del mercado móvil local, en su caso por la venta irregular de líneas prepagos. En cada caso la sanción monetaria fue distinta porque se contemplaron diferentes cantidades de fallos y/o se agregaron a otros procesos que agravaron la situación del implicado. En algunos procedimientos, de hecho, se aplicaron multas a más de un operador en simultáneo por el mismo conflicto.
En el medio de todo esto el país aplicó más medidas con foco en terminar con los delitos, algunas de las cuales también generaron algunos debates sobre eventuales afectaciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se anunció que se bloquerían directamente todos los dispositivos con IMEI que incumplían los estándares de la GSMA, hubo voces que reclamaban que esto sería perjudicial para usuarios que adquirieron celulares ilegítimos de buena fe. Es ese caso particular, se tomó nota y el proceso se completó por etapas.
Así las cosas, el sistema biométrico apareció como una posible solución en Perú a los problemas delictivos asociados con celulares, un punto en el que trabaja la mayoría de los países de Latinoamérica. Los operadores mostraron desde el inicio cierto rechazo a la estrategia de implementación del sistema que plantearon las autoridades y eso hoy, 993 días después, se sigue viendo reflejado en la cantidad de multas por este asunto, que crecen semana a semana.
