El corporativo italiano Prysmian se impuso en la licitación por la que se buscó un proveedor del “Proyecto de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica Inteligente de México” y ahora deberá cumplir el contrato que se le otorgó por unos 979 millones de pesos (42,2 millones de dólares). No es oficial que este acuerdo tenga que ver con la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, pero resulta lógico asociarlo si se contemplan los desafíos que persigue la empresa estatal.
“Este es el proyecto más grande jamás lanzado por el gobierno de México en términos de suministro de cable y pretende conectar regiones remotas del país con banda ancha de alta velocidad. Para esto participación de un proceso de elección que involucró a varios productores locales y extranjeros”, señaló la compañía, que cuenta con plantas de insumos de fibra óptica en México, en declaraciones tomadas por el portal local El Economista.
Por medio del contrato Prysmian diseñará, suministrará e instalará casi 15.000 kilómetros de cables. Del total, 9.800 kilómetros serán redes compuestas por cables de tipo OPGW, con insumos que serán traídos de España, y otros 5.100 kilómetros de ADSS, que serán fabricados en la planta de la compañía en Durango. La novedad fue comunicada por la propia empresa al tiempo que no hubo anuncios por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La empresa estatal fue creada con el objetivo de llevar Internet a sitios desatendidos y tiene para un 2020 un presupuesto asignado de 1.000 millones de pesos (53,2 millones de dólares). Surge de la administración de Andrés Manuel López Obrador y ya obtuvo concesión única para el uso público. Puede ofrecer cualquier servicio aunque con ciertas restricciones, como la imposibilidad de actuar en sitios considerados con conectividad.
Todavía no está del todo claro cuál será el resultado final del proyecto local, que según las últimas versiones se alimentará de un tendido de 50.000 kilómetros de fibra óptica. Aunque está obligada a funcionar con transparencia, sus detractores se quejan de que no hay una agenda digital que la sustente ni que asegure una coordinación necesaria para que funcione, además de que la red que usará no fue diseñada para telecomunicaciones sino para electricidad.
