El sindicato de Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA, por sus siglas en inglés) solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que evite que se concrete el acuerdo por el que AT&T vendería sus operaciones de Puerto Rico e Islas Vírgenes a Liberty Latin America, anunciado por las partes en octubre. Considera que perjudicará a los trabajadores y amenazará seriamente la calidad de servicios.
“Los planes de AT&T de desprenderse de sus operaciones aumentan el precio de las acciones de la empresa sin tener en cuenta el interés público, los trabajadores de la compañía y la salud de su red”, indicó el presidente de la entidad, Chris Shelton, y luego pidió al regulador que niegue la transacción hasta tanto Liberty Latin America asuma compromisos tanto con la plantilla de empleados como en aspectos relacionados al servicio.
CWA también cree que la operación puede afectar el despliegue del programa de seguridad First Net, que al momento está a cargo de AT&T. Esto teniendo en cuenta, siempre según el sindicato, que Liberty está altamente endeudado y su situación financiera poner en riesgo la capacidad de la compañía para invertir en aspectos como actualización de red para lograr un buen servicio en los sitios mencionados.
A la fecha, la entidad representa a 840 trabajadores empleados por AT&T en Puerto Rico y 37 en las mismas condiciones en Islas Vírgenes. Ellos desarrollan tareas como técnicos, empleados minoristas y representantes en call centers, entre otros puestos.
La operación está valuada en unos 1.950 millones de dólares y las partes confían en que se convertirá en un hecho entre abril y junio de este año. Incluye activos de red, espectro, inmuebles y contratos de alquiler, además de 1,1 millones de usuarios móviles que la compañía tiene en los dos mercados. AT&T se comprometió, en paralelo, a apoyar a Liberty Latin America hasta 36 meses tras la adquisición para asegurar una transición ordenada.
