Brasil exige dos fabricantes 5G por zonas en una decisión que puede generar impacto en competencia y compartición

Con el foco puesto en la seguridad cibernética, Brasil tomó algunas decisiones que podrían generar polémica, impactar en el desarrollo del mercado y las inversiones. Esa es la primera lectura de la instrucción normativa N°4 del Gabinete de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, publicada en el Diario Oficial de la Unión el 27 de marzo pasado.

En el marco de las preocupaciones por la ciberseguridad de las redes 5G y las posibles “puertas traseras” de los equipamientos chinos, la norma busca establecer una serie de recomendaciones y prácticas que permitan mantener la seguridad de la infraestructura en las nuevas generaciones.

La norma establece que las empresas deben disponer de mecanismos seguros de interoperabilidad, evitar que las redes de roaming accedan a sistemas de núcleo —para ello recomienda servicios de protección de proxy en el borde (SEPP)—, herramientas de filtrado de mensaje, seguridad de la capa de transporte (TLS) e intercambio de paquetes (IXPs), etre otros. También solicita implementar funciones de detección y mitigación de paquetes maliciosos, prevenir y minimizar los ataques cibernéticos de tipo denegación de servicio (DDoS), entre otras especificaciones.

Sin embargo, también plantea algunas decisiones que podrían generar disrupciones en el mercado, porque de su interpretación pueden surgir distintas posibilidades. Por ejemplo, se plantea la necesidad de promover la diversidad de proveedores de equipamiento por región y bandas de frecuencia “para promover la competencia y calidad de los servicios prestados”, así como la continuidad del servicio en caso de fallas en la prestación. Pero en el apartado siguiente afirma que los prestadores de servicios de telecomunicaciones 5G “deberán subcontratar proveedores distintos, de forma que en una misma área geográfica haya, por lo menos, dos prestadores utilizando equipamiento de proveedores distintos”.

Esta parte de la normativa es la que más preocupa a los especialistas del sector en términos de competencia. Una fuente que prefirió no ser identificada afirmó a TeleSemana.com que la decisión sienta un mal precedente de intervencionismo y generará dificultades a la hora de “repartirse” el equipamiento de proveedores en el mercado.

Es imposible estar en contra de la máxima que a mayor diversidad de proveedores de equipos de red es mejor para el mercado y, de hecho, los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo utilizan varios fabricantes de equipamiento en sus redes, a través de mecanismos como la división de las licitaciones por zonas. Esto permite promover la competencia y evitar tener que confiarle toda la red a un único proveedor. Sin embargo, hasta ahora, esto representaba únicamente una decisión del mercado y no era parte de una normativa de gobierno.

La decisión de Brasil, además de ser difícil de practicar, pone en juego la libertad de elección de los operadores a elegir proveedores, ya que los que tengan menos presión en el mercado deberán conformarse con los proveedores que sus competidores no hayan seleccionado para su misma zona. Esto podría llegar a generar disrupciones, incluso, en los precios que pagarán los operadores por el equipamiento de red.

Pero más allá de esta cuestión de competencia, la decisión podría poner en jaque todo el avance que hizo Brasil en términos de compartición de infraestructura y hasta podría interferir en los objetivos de cobertura. Si la decisión se lee como una obligación de tener siempre dos redes compitiendo, de dos proveedores de servicios y equipamiento distintos, es imposible pensar en una compartición de la red cómo se estaba produciendo en el país, más en un mercado que tiende a reducirse a tres operadores. Esto provocaría mayores costos para el despliegue de redes, lo que representa una preocupación para los operadores.

Por último, la norma recomienda el uso de equipamiento abierto y abre la puerta a que se realicen auditorías en términos de seguridad. Incluso, señala que, en caso de ser necesario, podría retirarse hardware de la red para ser inspeccionado en laboratorio. Además, de forma mensual, los operadores deberían registrar el estado de configuración de equipamiento de la red, contenido e información como topología de red, versiones de hardware y software, y compartir al Centro de Tratamiento y Respuesta a Incidentes Cibernéticos la información sobre ataques.

La instrucción normativa ya fue publicada y los especialistas empezaron a revisar cómo afectará las decisiones de negocio en el futuro. El apartado número 10 es el más polémico y el que despierta mayor preocupación en el sector. La decisión tiene un buen objetivo pero su aplicación podría traer efectos contraproducentes para el mercado.

Leticia Pautasio
Leticia Pautasio es periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Durante su carrera profesional se desempeñó en gráfica, radio y medios de comunicación en línea. Desde 2009 se especializa en tecnología, telecomunicaciones y negocios; cubriendo la realidad del sector en América latina. En 2013 obtuvo el diplomado "El Periodista Latinoamericano como agente y líder en el desarrollo social" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Contacto: [email protected]

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