Sonó la alarma de los acuerdos en Brasil, pues acaba de cerrarse de forma definitiva por primera vez el Término de Ajuste de Conducta (TAC). El beneficiado es TIM, que fue autorizado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para cambiar multas por inversiones. Deberá desembolsar lo equivalente a 639 millones de reales (120,6 millones de dólares). La opción ya tenía luz verde del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Como consecuencia el operador mejorará la calidad de servicio o incluirá nueva infraestructura en unas 2.000 localidades del país. Entre las condiciones, se indica que deberá llevar banda ancha móvil por medio de la red 4G a 350 municipios con población menor a 30.000 habitantes. Se verán beneficiadas unas tres millones de personas, la gran mayoría del Nordeste (66 por ciento) y Norte (13 por ciento) del país.
En paralelo, se estableció que tendrá que atender de manera progresiva a todos los indicadores del segmento móvil para mejorar su ratio de cumplimiento de las obligaciones al tiempo que deberá completar todos los compromisos pendientes de licitaciones pasadas. También tiene que mejorar la calidad de atención y resarcir a los clientes que fueron afectados por infracciones que terminaron en multas.
“La conectividad, que ya tenía un papel relevante en el desarrollo del país será, definitivamente, esencial para el nuevo mundo pos-pandemia, garantizando el estudio, trabajo y soportando los nuevos hábitos de consumo. Por eso la aprobación es más relevante en el escenario actual. Podemos llevar 4G a más personas, reforzando la inclusión digital de la población”, dijo sobre el tema el CEO de la empresa, Pietro Labriola.
Los TAC son una propuesta que Brasil encontró hace algunos años cuando buscaba nuevas herramientas para corregir el comportamiento de los operadores. Hubo varios intentos de Anatel, con firmas como Telefónica y Oi, pero todos quedaron por el camino al tiempo que el de otras compañías aún no atravesaron todas las pruebas necesarias. Las autoridades locales también trabajan en la idea de regulación responsiva, pues las multas no han resultado villanos suficientes para asustar a los prestadores de servicio.
