Eliminar las barreras para desplegar infraestructura es una de las demandas más repetidas del sector de las telecomunicaciones. Aparece siempre entre los temas a mejorar, como recomendaciones a los próximos mandatarios o como quejas de parte de los operadores, tanto de los servicios fijos como móviles. En contextos de pandemia, la compartición de infraestructura se eleva como una meta a la que muchos reguladores esperan llegar, aunque su éxito dependerá de la regulación que pongan en práctica y la negociación que puedan realizar con los distintos actores locales.
La problemática sobre el despliegue de infraestructura, justamente, es la gran cantidad de actores involucrados. El regulador del sector, quien entrega las concesiones y licencias para los diferentes servicios, es un organismo nacional. Pero el despliegue de infraestructura debe ser aprobado por una jurisdicción de ámbito local y municipal. En el caso de la infraestructura fija, y particularmente de fibra óptica, debe añadírsele a este combo los dueños de los postes —que pueden ser empresas y cooperativas, telefónicas o eléctricas o incluso el propio municipio— y la jurisdicción de organismos reguladores de otros sectores, como el eléctrico, que cuenta con entes reguladores nacionales y provinciales. Y para los casos en los que la fibra debe ser soterrada, no hay que olvidar que se debe sumar la estrecha colaboración con el municipio y empresas de servicios públicos para evitar que lo que se rompa pueda ser perjudicial para todo lo que ya está instalado.
Gestionar el despliegue de infraestructura no es nada fácil en este contexto. Queda claro que las campañas realizadas por algunos reguladores para concientizar sobre la necesidad de que los municipios permitan la instalación de infraestructura no alcanzan para un mercado que necesita cada vez más infraestructura —y la pandemia puede dar cuenta de eso—. En Argentina, por ejemplo, muchas inversiones se ven demoradas por un sinfín de idas y vueltas entre los dueños de los postes, las empresas que buscan desplegar infraestructura, los municipios y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que solo tiene la posibilidad de conciliar las partes cuando todos los involucrados tienen licencias de telecomunicaciones —no puede administrar los casos en los que las diferencias son con las compañías eléctricas, por ejemplo—. Se necesita una normativa nacional que habilite la compartición de infraestructura y, en este caso, de la más básica como ductos y postes.
“En 2019 Telecom ganó un juicio en la Corte Suprema, que validó la jurisprudencia nacional sobre la local en temas de tendido de torres. Esto sentó jurisprudencia y abrió la puerta a regular sobre el tema”, explicó Marcelo de Ambrosio, Presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Provedores de Internet (Cappi). Sin embargo, en la práctica todavía existen muchas dificultades. Dueños de postes que priorizan a una empresa sobre la otra para desplegar fibra óptica, aún cuando los papeles están en regla, empresas que no quieren compartir su infraestructura de postes y precios exorbitantes son algunos de los reclamos del sector.
Alejandro Kriger, socio Gerente de Argentium SRL e ISP Group, dos proveedores de servicios de Internet en localidades de La Pampa y Río Negro, encontró dificultades en ambas provincias para poder hacer un despliegue de fibra óptica. En una, la cooperativa dueña de los postes se niega a darle el permiso y, en la otra, ni siquiera contestan el pedido con una negativa. En Mendoza, algunos ISPs señalan barreras para acceder a los postes de las compañías eléctricas y alertan sobre una disposición del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que ha dispuesto que en los postes de la provincia solo se pueda instalar “un cable de energía y uno de telecomunicaciones”, acotando la posibilidad de competencia.
En el caso de Fabio Chiaraviglio Winter, dueño de un ISP en la localidad El Tío, Córdoba, la explicación es simple: “nos quieren correr con impuestos y precios”. Con un permiso para desplegar infraestructura de hace 10 años, se encontró con proyectos frenados por la burocracia y la negativa de la dueña de los postes a compartir. El caso fue llevado hasta el Enacom, pero la pandemia aplazó la mediación convocada para encontrar una solución.
Patricio Seoane, gerente General de Internet Services SA, se encontraba en plena pandemia instalando fibra óptica en el municipio de San José, Entre Ríos hasta que un decreto del intendente frenó el proyecto para hacer nuevos análisis y estudios de impacto, a pesar de que el tendido ya cumplía con los requisitos establecidos. “Hemos elevado el caso al gobierno provincial y nacional pero el intendente manifiesta ser autártico”, señala Seoane. Y es que la falta de articulación de normas entre el gobierno nacional, provincial y municipal da pie a que existan medidas discrecionales. Por eso, los temas terminan dirimiéndose en la justicia, como es el caso de Seoane, que presentó una acción legal en los juzgados de Colón, Entre Ríos.
El precio de los postes también funciona en algunos casos como elemento disuasorio. A algunos ISPs les han pedido hasta 53 dólares por poste más impuestos, mientras que en otras zonas se piden 22 dólares por poste. Como comparación, en Colombia una regulación acaba de poner precio máximo a este servicio de siete dólares por poste. “Lo que están logrando es que nuestras inversiones se vayan al extranjero”, señala De Ambrosio.
Las dificultades en el interior del país tienen su paralelo en la penetración de servicios. De acuerdo al Internet Index de la Cámara Argentina de Internet (Cabase) a marzo de 2020, la penetración de banda ancha fija en Argentina promedia el 63 por ciento sobre hogares. Sin embargo, se muestra una diferencia entre provincias. Los resultados siguen dando cuenta de una importante disparidad en los niveles de penetración, en el que se destaca que mientras la ciudad de Buenos Aires tiene más conexiones que hogares, aún hay 11 provincias con niveles de penetración por debajo del 50 por ciento y ocho de ellas por debajo del 40 por ciento. Y en cuanto a la penetración de fibra óptica, al primer trimestre se observa una penetración de apenas el 11,89 por ciento nacional.
