En un plazo no mayor a 10 días los concesionarios, importadores, ensambladores y fabricantes de terminales móviles deberán dar información al Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel) sobre todos los equipos que serán comercializados en Perú. El objetivo de la medida es, como otras tomadas por las autoridades locales, reducir los ilícitos asociados a celulares en el país, tales como el comercio ilegal o el uso de dispositivos para la ejecución de delitos.
La normativa tiene lugar en el marco del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), presentada en el país hace tres años. Allí se establecieron tres fases de actuación a cumplirse hasta 2019. Los plazos fueron ampliados y esta acción se da en la previa a la implementación definitiva de la tercera fase. La resolución 262/2020 aprobó el instructivo con pautas y lineamientos para su implementación.
“Se estableció que hasta el inicio de operaciones de la tercera fase, se implemente un reporte temporal de IMEI de los equipos importados, fabricados o ensamblados en el país. El regulador implementó un aplicativo Web denominado SICART, por medio del cual las entidades podrán cumplir con su obligación de forma oportuna y ágil”, indicó Osiptel y agregó que esto también permitirá tener un registro histórico de los teléfonos que se venden en el país.
Antes de eso se anunció el bloqueo definitivo de los equipos móviles sub-estándar tras un largo debate por el eventual impacto de la normativa a usuarios que adquirieron equipos “de buena fe”. También, siempre con foco en frenar los delitos asociados, se bloquearon equipos cuyos dueños no estaban registrados y se prohibió la venta de chips en la vía pública para evitar que se celebren contratos sin que el usuario cuente con información concreta sobre el vínculo con el operador.
