Casi un semestre después de que el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijera que “lo urgente es enemigo de lo bueno” para anunciar la postergación para 2021 del tratamiento de la nueva Ley de Medios en Uruguay, un reciente consenso oficialista sobre los puntos que más polémica habían generado, parece haber reiniciado su curso.
La novedad del avance la publicó El país y señaló que en una reciente reunión virtual los partidos socios de la coalición de gobierno coincidieron en avanzar hacia la aprobación de la nueva Ley de Medios. Inclusive, la noticia incorporó la idea de una reunión presencial que se realizaría ayer para ultimar detalles pero todo quedó postergado por el luto que envolvió a la actividad pública de aquel país tras la muerte de Gonzalo Aguirre, histórico dirigente político y ex primer mandatario.
La idea era terminar de afinar un texto consensuado por fuera del palacio legislativo para que al ingresar tuviera curso y aprobación en ambas cámaras antes de que culmine mayo; días más, días menos, todo indica que serán esos los plazos.
Uno de los puntos más conflictivos, vinculados a la cantidad de medios que puede tener una persona —que la legislación actual contempla en hasta tres y que la nueva letra proponía hasta ocho— se consensuó en hasta cuatro frecuencias radiales en Montevideo y en hasta seis en el interior del país, en este caso, independientemente de si se tratara de licencias de radio o de televisión abierta.
Asimismo, se propuso abrir a debate la petición de que la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) fuera arrendataria de su propia infraestructura de fibra óptica para que las empresas privadas pudieran vender sus servicios de Internet. Las miradas se reparten, en este caso, entre que Antel no comparta su fibra hasta la posibilidad de que lo tengan que hacer todas las compañías, y hasta de repartir licencias para que las operadoras de TV paga pudieran distribuir datos.
Sobre este aspecto, la oposición plantea que, en buena medida, esta propuesta busca privatizar la última milla, a pesar que el argumento de su sanción gire en torno a aumentar la capilaridad de internet en aquellos lugares que no están abastecidos. De cualquier modo, se acordó que las empresas de televisión por cable puedan solicitar licencias para ofrecer internet.
Asimismo, estaba trabada la negociación acerca de la obligatoriedad de que las empresas de cable retrasmitieran a las señales de aire pero, ante el pedido de que eso se hiciera de forma gratuita y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, decidieron dejarlo fuera y avanzar con el resto de los artículos.
A pesar de los acuerdos, los debates acerca de los reales intereses de avanzar en esta nueva legislación no cesaron y, en buena medida, forman parte del mar de discusiones que nacieron al calor del avance de la portabilidad numérica.
