Uruguay prospera en la implementación de la portabilidad numérica más de una década después que sus pares regionales, en plena pandemia y en un marco de fuertes disputas internas porque hay quienes advierten que, en realidad, se trata del mascarón de proa de una iniciativa tendiente a privatizar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). ¿La portabilidad sola? No, claro, un escenario mucho más complejo en el que ella es sólo un elemento adicional porque, tal como lo señalan todas las experiencias de portabilidad, su implementación no afecta a los mercados en sí, sino que refleja las condiciones de competencia preexistentes, es decir, su poco o gran dinamismo.
Según el calendario vigente, en octubre ya estaría lista la portabilidad siempre y cuando un proceso de referéndum no lo impida. Si, mientras la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) avanza en lo inmediato —que es analizar cuál de los cinco candidatos disponibles se pondrá el único traje del también controvertido Administrador de la Base de Datos (ABD), órgano responsable de facilitar las migraciones de los usuarios y velar por el resguardo de una información tan sensible—; la sociedad uruguaya organiza una consulta pública tendiente a revelar su deseo colectivo en relación a la portabilidad pero también a otro centenar de medidas que generan controversias y en las que subyacen decisiones políticas transformadoras.
La historia viene así: la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue una mega sanción de 500 artículos de índole diversa, aprobada en junio de 2020 con 18 votos a favor y 12 en contra. Se trató de un paquete legislativo que involucró, por ejemplo, que tres meses después se creara el Comité de Portabilidad Numérica, integrado por representantes de la Ursec, de las operadoras Antel, Claro (AM Wireless Uruguay), de Movistar (Telefónica Móviles del Uruguay), pero también por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), el Ministerio de Industria, Energía y Minería; y por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y del Conocimiento (Agesic) para trazar las definiciones al respecto.
En esa mesa se creó el ABD, un actor clave porque será el mediador y facilitador del proceso de portación y que promete ser “imparcial” frente a los intereses de los operadores, además de velar por la integridad de los padrones de datos necesarios para la gestión de la portación provenientes de la Ursec.
Justamente, por estos días, el ente regulador analiza las cinco propuestas recibidas para identificar cuál de ellos dará vida al ABD. Luego, se firmarían los contratos con los tres operadores y a mediados de mayo deberían estar adecuados los sistemas para que se puedan hacer pruebas en julio. De esta manera, en octubre, cualquier usuario de telefonía móvil podría conservar su número al momento de cambiar de operador.
Hasta ahí, la portabilidad avanza en una apuesta por la ampliación de derechos de las personas, que es un valor en sí, y con la consigna de inyectar un dinamismo al mercado que, tal como ya está probado, no sucederá, o tendrá un impacto en el corto y medio plazo limitado reflejando la tendencia actual de mercado, para bien o para mal.
Sin embargo, la iniciativa pro referéndum para derogar y/o modificar 135 artículos que se establecieron en la LUC; contempla que sólo ocho de ellos se deroguen de forma íntegra y la portabilidad forma parte de ese listado
Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, esta iniciativa de pro referéndum deberá haber colectado 720.000 firmas de personas para peticionar su plebiscito ante la Corte Electoral y, aunque la práctica sea habitual en aquel país, la coyuntura pandémica impide la organización de los grandes eventos y las campañas de recolección tradicionales.
¿Y si el referéndum consiguiera postergar los plazos?, que es una posibilidad; ¿y si la sociedad uruguaya dijera que no quiere tener portabilidad porque entiende que estaría eligiendo entre su número de teléfono y la suerte de su empresa pública de telecomunicaciones? Y si la portabilidad avanzara, pero luego tuviera que dar marcha atrás ¿Quién afrontaría esos costos y la complejidad que implicó migrar clientes? Las preguntas sobran, a diferencia de las respuestas, y ningún operador quiso exponer su opinión para esta nota.
Alerta de sudestada rioplatense. Las razones que recalientan el debate en las costas rioplatenses van mucho más allá del mero hecho de que un usuario pueda ser o no dueño de su número celular e, inclusive, para muchos se inscribe en un plan más profundo y que cambiaría las reglas del juego en un escenario atípico en el mundo, porque no está de más recordar que Antel es una empresa de telecomunicaciones estatal, que podría considerarse eficiente e innovadora —aunque seguramente esta afirmación podría generar un intenso debate—.
En el panorama de mercado uruguayo, realizado por TeleSemana.com, es fácil observar que Antel tiene y mantiene, históricamente, la mejor porción del mercado. Es más, evidencia cómo los operadores privados —Claro y Movistar— rivalizan a la par, mientras que la estatal se desenvuelve cómoda por encima de ellas y con tendencia en alza.
Las últimas declaraciones de funcionarios de Antel, por ejemplo, subrayaron los desencuentros que hay internamente. Mientras algunos celebraban que la portabilidad introducirá “factores de mayor competencia” que presionará a los operadores a ser más eficientes, a dar mejores servicios y a bajar sus tarifas; otros cruzaron fuertes acusaciones como, por ejemplo, que Claro será el único ganador en este lío o que existe un proceso de desinversión muy notorio con el ánimo de minar a Antel.
“No es que tengamos miedo a la competencia es que la propia competencia necesita tener un marco de control”, dice Gabriel Molina, presidente de Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), y ejemplificó los acuerdos que tiene Antel para, por ejemplo, comprar equipos de forma directa y ser competitivo “algo que no está pasando hoy”.
“Las multinacionales que compiten con Antel van a terminar pasándonos por encima, ofreciendo mejores servicios y ya están tirando al piso los precios”, declara Molina y agrega que “Antel aumento tres veces las tarifas en lo que va de este Gobierno el primero de marzo de 2020; el último fue en abril y subió un 12 por ciento, cuando las otras empresas no aumentaron, regalan teléfonos, regalan gigas, etc., por eso, decimos que esto viene en línea con políticas detractoras de la empresa pública para que pierda participación de mercado”.
Además, Antel es el único operador que no posee la portabilidad ya incorporada dado que sus competidores, al tener experiencias internacionales, lo vienen desarrollando en otros mercados. Y ahí surgen nuevos debates: que Antel será el único que deba adecuarse, el único que pague el servicio del ABD, además de la ausencia de un informe técnico que indague y cuantifique el impacto y los riesgos a los que deba enfrentarse.
“En la medida que Antel tiene más de la mitad de los usuarios, uno podría imaginar que sería lógico conocer cuál será el impacto que la portabilidad podría tener, pero no hay análisis acerca de cuál sería el costo para Antel, al menos, que conozca este organismo regulador”, explicó Pablo Siris Seade, director de la Ursec, y se preguntó cuál es la urgencia de avanzar con la portabilidad, aún, ante la posibilidad de que sea truncada por un referéndum.
“Más aún, cuando la llamada telefónica antes tenía un valor que hoy no porque nos comunicamos por servicios de datos, independientemente del número telefónico, y no pareciera que hubiera una gran urgencia para plantear algo en estos términos. La única urgencia hoy es la que establece la Ley (NdR: LUC) y se cumplió con eso, aún con opiniones desfavorables como la mía porque creo que debería hacerse con otros análisis. Igualmente, es un proceso que no está cerrado”, agrega Siris Seade.
A esa lista de malestares, además, se suman la falta de respuestas a la Ursec por parte del Tribunal de Cuentas, en relación a la legitimidad y la viabilidad del plan de acción; además de la ausencia de razones que expliquen por qué el aspirante a ejecutar la ABD deba acreditar experiencia en Europa y América, pero no en mercados como el asiático.
Y, en ese ring, también interviene el enojo de Sutel por los desembolsos que esta apuesta requiere, en una coyuntura tan excepcional como es la de la pandemia, además de que se está haciendo “a espaldas del pueblo, con un gran ocultamiento por parte de los medios de comunicación”, subrayó Molina enojado porque, además, no los dejaron participar de la subasta de ABD y recordó que presentaron un Recurso de Inconstitucionalidad del proceso en el que, además, exigen mayor transparencia.
Otro dato que complejiza aún más el mapa gira en torno al proyecto de la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que busca reemplazar la norma aprobada en 2014 y que contiene dos artículos que intervienen en materia de telecomunicaciones al proponer la obligatoriedad de que Antel abra su infraestructura a los proveedores de televisión por cable para que lo puedan comercializar sus productos sobre ella, y entonces, privatizar la última milla. Esto, sumado a la actual condición de venta de Movistar, hace pensar que se estaría propiciando la construcción de un replanteo mucho más amplio.
Respecto a la suerte que correrá Antel en adelante y si es este el tercer intento de privatización que deba afrontar, después de las tentativas del 1992 y del 2001, será tema de seguimiento y de futuras notas.
Mientras, la portabiludad pareciera ser una herramienta para visibilizar un proceso complejo. Si en octubre se concreta la posibilidad de que los números celulares pertenezcan a sus usuarios, sólo Venezuela quedará como vagón de cola de un camino iniciado en 2007 en México.
