El sector de las telecomunicaciones de República Dominicana quiere renovar su legislación porque la considera obsoleta y porque quiere sembrar el camino hacia la transformación digital con un nuevo marco que la acompañe y fomente y, para ello, puso la iniciativa a consideración de su población, empresarios y especialistas mediante una consulta que, durante 60 días y hasta el 31 de mayo, recibe observaciones.
La consulta –disponible aquí– es un informe que desarrolla en ocho artículos los enfoques considerados por el programa de “Estructuración financiera y de homogeneización regulatoria para la reducción de la brecha digital en Centroamérica”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que exhibe las razones por las cuales considera necesario reemplazar la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) N°153-98 por una nueva, ahora la de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s).
En su lanzamiento, Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), subrayó que la legislación existente acredita 23 años, es obsoleta y que “se necesita una nueva ley para profundizar la masificación del acceso a Internet y el desarrollo de los mercados de telecomunicaciones y ecosistemas digitales nacionales, como también los niveles de competitividad del país y lograr la plena inserción en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”.
Sobre esta iniciativa, Julissa Cruz Abreu, directora Ejecutiva de Indotel conversó con TeleSemana.com en exclusiva y dijo que la apuesta es alcanzar “una ley con un poco más de dientes que nos permita ejercer una labor de fiscalización más eficiente”.
“Un marco regulatorio sólido en materia de tecnologías de la información genera un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera que redunda en avance económico para toda la nación”, dijo Arroyo sobre una iniciativa que requerirá de todas las voces.
El documento, elaborado entre Indotel y el BID, reconoce que, tras más de 20 años de vigencia, la LGT jugó “un papel determinante en el desarrollo” local pero que hoy “identificó la oportunidad y la necesidad de evolucionar hacia un marco legal moderno”.
“La norma debe ser vista como un elemento que, entre otros aspectos, promueva de manera efectiva y segura la inversión, la competencia, el uso eficiente de la infraestructura y la cooperación entre el Estado y el sector privado”, advierte en su comunicado oficial Indotel.
Tal como se señala en la consulta, esta “revisión, actualización y modernización” de la LGT busca “facilitar el despliegue y ampliación de las redes, impulsar condiciones de competencia más efectivas y el uso más eficiente del espectro radioeléctrico, (…) de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.
Asimismo, prevé “unificar principios y criterios consignados en diferentes normas asociadas a elementos y componentes relacionados con las TIC (…) promoviendo la coordinación entre entes y órganos del Estado dada la transversalidad de las TIC”.
La necesidad de llevar adelante esta consulta, las iniciativas que deben incluirse en la nueva legislación, la neutralidad, los conceptos, los servicios públicos, las redes comunitarias, la seguridad de los datos, la televisión paga son algunos de los aspectos objetos de la consulta.
La idea central es que este nuevo marco legal deje atrás conceptos analógicos y se ponga de cara a la convergencia e integre las telecomunicaciones al desarrollo económico nacional y pueda atender nuevas demandas. Por ejemplo, los permisos que otorga cada municipio para hacer despliegues son un derecho adquirido pero que en el marco del despliegue de una infraestructura nacional de 5G se convierte en una traba burocrática.
En ese sentido, José Felipe Otero, vice presidente para América Latina y Caribe de 5G Américas justificó que “es necesaria una reforma legal pero también un nuevo acercamiento de las autoridades nacionales para dialogar y establecer un acuerdo con las entidades locales”, y se manifestó “muy entusiasmado y optimista por el desarrollo que se está dando en República Dominicana, que se está convirtiendo lentamente en un ejemplo a emular por otros mercados de América Latina y el Caribe”.
El punto de partida fue la llegada de una nueva gestión ejecutiva al país y el establecimiento de una “agenda digital”, tendiente a promover el desarrollo tecnológico que incluyó una mesa de trabajo que impulse un plan de despliegue de banda ancha, de fibra óptica y de TV digital; además de poner a disposición espectro para 5G.
En ese sentido, el desafío del apagón analógico y su transición de la televisión digital, previsto para 2022 es, para muchos actores, el desafío mas grande en relación a la adopción que la población pueda hacerlo de forma masiva.
Sin embargo, en febrero pasado, Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, anunció que el Estado invertirá 30 millones de dólares para el proceso de transición a la TV digital y el propio Arroyo anunció la donación de conversores de televisión a las poblaciones más vulnerables, para que “este servicio no sea un privilegio de algunos”, dijo.
Además, y en ese sentido, Indotel trabajó junto a radiodifusores que operaban en UHF para despejar la banda de 700 MHz y poder utilizarla para la TV digital abierta; al tiempo que Arroyo había adelantado también la entrega de equipos de forma gratuita para facilitar el acceso a poblaciones de bajos recursos.
Las redes 5G también forman parte de esta discusión. Hace apenas tres meses, el propio Abinader, encabezó el acto en el que se inició formalmente la licitación pública de espectro compatible para 5G en ese país.
“Es un trabajo en muchos frentes y que todos apuntan a conseguir la transformación digital real”, dijo Otero y valoró que “se lo aborde desde un aspecto de universalidad y transversalidad por el que se deja en claro que cualquier impacto en las telecomunicaciones significará también un impacto en otros sectores de la economía”, concluyó.
