La expectativa de que República Dominicana comience 2022 nueva legislación para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), en reemplazo de la considerada obsoleta Ley General de Telecomunicaciones (LGT), fue el motivo de la entrevista que TeleSemana.com hizo a Julissa Cruz Abreu, directora Ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Esta charla se dio en un escenario muy especial, en el que avanza la consulta pública que busca establecer los acuerdos necesarios para que la nueva legislación llegue al Congreso Nacional con todos los consensos necesarios. A su vez, esto sucede en un marco donde “5G es casi un hecho” porque las licitaciones de espectro están en marcha y los oferentes ya realizaron las pruebas necesarias que les permitirán lanzar a primera hora sus ofertas. Es por ello que Indotel espera que la nueva legislación le sume poder de gestión y se prepara para ejecutar un fondo de 80 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender el despliegue de fibra en el país.
Pero antes de adentrarnos en la entrevista, cabe profundizar un poco más sobre la historia de Cruzz Abreu, quien asumió en su cargo en agosto de 2020 tras casi dos décadas de trabajo ininterrumpido en diferentes posiciones dentro de Indotel y forma parte de una familia de actores políticos: es hija de Néstor Julio Cruz Pichardo, actual director general de Pasaportes y ex diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Ana Adalgisa del Carmen Abreu Polanco, diputada del PRM e histórica dirigente del país; además es esposa de José Luis Actis, asesor económico del Ministerio de Hacienda, con quien tiene dos hijas y dos hijastros.
¿Cuáles son los motivos que traccionan esta iniciativa?
Definitivamente, hay que actualizar la ley producto de la evolución tecnológica y de cara a los desafíos, para poder lograr la transformación digital y promover una economía digital, de la mano de la gran cantidad de servicios digitales que surgieron a través de los años y que cada vez tienen mayor importancia.
Siempre la regulación o los marcos legales van un poco detrás de la de la tecnología y, en este caso, son casi dos mundos diferentes. Entonces, hay muchas aristas que nosotros queremos tocar con este ejercicio que estamos haciendo que busca enderezar algunos caminos que se tomaron desde el punto de vista de gobernanza institucional y preparar todo un marco, lo más abarcador posible, que sea funcional hacia el futuro.
Esperamos que esta apuesta nos permita seguir desarrollando los mercados, conseguir la transformación digital, desarrollar la economía digital y las habilidades digitales de la población, etcétera; con todos los beneficios que trae todo esto.
Con la tecnología no se sabe a donde irán los caminos porque todo cambia muy rápido, pero por lo menos buscamos que nos permita funcionar de la mejor manera.
Esta convocatoria a la consulta pública es bastante amplia, ¿podría contarnos un poco más?
Efectivamente, esta consulta es producto de una conversación que se tuvieron con todos los actores el sector privado: empresas de telecomunicaciones grandes y pequeñas operadores de nicho, generadores de contenido en tecnología, sociedad civil, la academia, asociaciones, pymes, tecnológicas y proveedores de infraestructura masiva, etcétera.
Sin embargo, para discutir acerca de un tema tan amplio, tan apasionante y tan desafiante, una hora de conversación sabe a poco para recoger impresiones o puntos de vista, además que corríamos el riesgo de dejar fuera a algún sector. Entonces, decidimos buscar la manera de hacer este proceso lo más democrático posible porque el objetivo de este anteproyecto de ley es la revisión y actualización de la LGT y la posibilidad de ampliar su alcance.
¿Cómo es el marco regulatorio actual?
Bueno, justamente, queremos unificar principios y criterios consignados en las diferentes normativas asociadas a elementos y componentes relacionados con las TIC porque, desde el punto de vista interno e institucional luego de la LGT se fueron generando necesidades y decretos que crearon comisiones, como la Oficina Nacional de las TIC (Optic) de la oficina presidencial, que se encarga de gobierno electrónico y transparencia. Desde 2016 y hasta 2020, tuvimos el decreto que estableció el programa República Digital que también era un elefante grande y, honestamente, se logró muy poco con esto. Además, se creó un gabinete de transformación digital que busca unificar criterios y establecer prioridades para que no se diluyan los esfuerzos y tenemos, a su vez, el decreto 539-20 que creó el Plan Nacional de Banda Ancha y dispone la puesta a disposición del sector para el desarrollo de 5G.
Buscamos que esta consulta pública nos permita ver cómo estructuramos de mejor forma una legislación nueva. Al principio tuvimos resistencia de las principales empresas de telecomunicaciones, como es obvio, pero a veces hay cosas que son indefendibles, como puede ser una ley del 98. Entonces…
¿Obsoleta por ejemplo por qué? ¿Qué le falta?
No incluye la palabra internet o banda ancha, mucho menos compartición de infraestructura. En un momento como éste es una ley prácticamente inservible. Pero hay más, no establece, por ejemplo, la posibilidad de una concesión única para todos los servicios y tenés todas las trabas burocráticas de las décadas del 80 y del 90, porque si bien se logró en 1998, venía discutiéndose por años.
¿Y ya existe consenso acerca de su necesidad?
Sí, hoy ya contamos con la voluntad del sector porque entendieron que esto es una decisión y que existe la voluntad política de hacerlo. Y a nadie le conviene no subirse a este tren porque esto sigue para adelante, y no estar implica no poder hacer una sugerencia o dar cualquier discusión, te lo pierdes.
¿Cómo son los plazos en adelante?
Hasta el 28 de mayo se puede participar y, a partir de ahí se comenzarán a hacer unos seminarios de discusión por capítulos o por grandes temas. Esperamos que sea una construcción conjunta de todos los actores interesados para que al momento en que la depositemos en manos del Poder Ejecutivo sea un producto lo más masticado posible y lo más consensuado posible. La expectativa es que, para finalizar este año, ya podamos entregar el proyecto a la presidencia de la República y, una vez que el presidente lo presente, aspiro que para febrero del próximo año ya se esté discutiendo en el Congreso Nacional.
¿Cuáles creés que son los temas más sensibles para el ecosistema de las TICs?
Todo depende qué mires. Habrá luchas internas porque hay diferentes ideas, que van desde la necesidad de crear un ministerio, otros que apuntan a la competencia, al espectro y otros que entendemos -incluyéndome- que lo que se necesita es robustecer al Indotel y que haya una oficina presidencial que se ocupe de los temas transversales de transformación digital, como inclusión de pymes, gobierno electrónico y transparente, y demás. Y nosotros debemos fortalecer nuestro rol porque también somos los encargados de asegurar el servicio universal y la masificación de los servicios y de los usos por parte de la población, entre otras labores.
¿Y cómo piensan fortalecer su rol? ¿Con qué herramientas?
Quizás, una ley con un poco más de dientes nos permita ejercer una labor de fiscalización más eficiente. Por ejemplo, aclarar temas como obligaciones de hacer o establecer planes de mínimos de expansión de las empresas, ya no solo en términos de cobertura. República Dominicana tiene el 94 por ciento de su población cubierta, que es bastante buena comparado con otros países de la región. Sin embargo, quizás esa conectividad no es la esperada o la suficiente para atender las necesidades de los servicios digitales que requiere la población. Queremos una ley que nos permita a nosotros presionar para que muevan estas redes 3G o las muevan a 4G y, ojalá, en el futuro 5G. Tener una ley que nos permita presionar a las empresas a la actualización o a la mejora de las capacidades, por ejemplo, es para crecer.
Pero hay otras discusiones, como la habilitación única para prestar todos los servicios y, quizá un tema de compartición de infraestructura activa y pasiva; o establecer alguna medida para tratar de equilibrar la competencia entre servicios. Somos de la idea de que debemos mantener los principios de neutralidad tecnológica, de mínima regulación y máximo funcionamiento del mercado.
¿Cómo prevén impulsar esa competencia?
Bueno, un elemento importantísimo es la posibilidad de dar un marco que promueva las alianzas público privadas para el despliegue de las redes comunitarias. Aquí, la ley de alianzas público privada está recién salida del horno y ya hay una institución: la Dirección General de Alianzas Público Privada y entendemos que ese es el mejor mecanismo para la intervención estatal de cara al desarrollo de la competencia.
Además, Indotel será la unidad ejecutora de un proyecto con el BID de 80 millones de dólares para atender el despliegue de fibra en el país. Nosotros tenemos una situación de desventaja de fibra hasta las casas: solamente hay Santo Domingo y Santiago y poco más. El Estado debe intervenir y el mejor mecanismo para hacerlo es el de la alianza público-privada, para promover la competencia en aquellos lugares donde no lo hay. Estas son cosas que aspiramos de una ley: que nos dé las herramientas para hacerlo posible.
¿Y en este marco, cómo avanza 5G?
Estamos en medio de la licitación del espectro necesario para 5G y estableciendo entre las obligaciones un despliegue de tres años en las principales ciudades, que ya están identificadas en los propios pliegos, y que estarán atadas a una garantía de seriedad de cumplimiento de la oferta. Las redes 5G son prácticamente una realidad en República Dominicana y las principales prestadoras de servicios ya nos pidieron las autorizaciones para hacer las pruebas. O sea, ellas ya se fueron preparando para que, ni bien se adjudiquen las licencias, ya puedan hacer sus lanzamientos.
