Un nuevo capitulo se inicia en la contienda argentina de las telecomunicaciones y parece que todas las discusiones se dirimen en el ámbito judicial: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentará este viernes un recurso extraordinario ante la justicia Federal para reclamar por el fallo que, validado por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, inhibe a Telecom Argentina de la obligación de ajustarse a la letra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 y sus reglamentaciones posteriores; y lo hará con el foco puesto en el cliente.
“Estamos ante la situación de que uno de los grupos más importantes de telecomunicaciones del país, que tiene la telefonía celular, fija e internet, antepuso una medida cautelar que le da la posibilidad de cobrarle los servicios más caros a sus usuarios” dijo Claudio Ambrosini, presidente de Enacom, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este mediodía, y repasó que desde el comienzo de su gestión buscaron “privilegiar a los sectores más necesitados y garantizar los servicios de comunicación a todos los habitantes”, al tiempo que admitió que “hubo empresas que acompañaron y otras que no”.
La estrategia del Estado, en este caso, será recurrir mañana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acción que el propio Diego Leiva, director de asuntos jurídicos del ente, caracterizó que “no se trata de una medida cautelar más” porque “trasciende el mero interés de las partes” en relación a que hay regulaciones comunes para los argentinos y ponderó que la cámara “falla por el principio dogmático”.
“El fundamento tiene que ver con un perjuicio económico basado solo en los dichos del accionante y el Enacom mostró, con todos los balances, que el DNU 690 no representa un perjuicio para las empresas”, subrayó Leiva mientras que Gustavo López, vicepresidente del ente, apuntó que “en el primer trimestre de este año, las ganancias de Telecom fueron de 9.000 millones de pesos (N. de la R. 97,5 millones de dólares): no sólo no están al borde del quebranto, sino que es falso el único argumento presentado”.
Leiva admitió que “nos sentimos agraviados” con el tratamiento que se dio a la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) y explicó que “es un nuevo derecho consagrado que viene a dar respuestas a los sectores más vulnerables” y que, por tanto “la facultad de elegir” el mecanismo de financiamiento de una política púbica corre por cuenta del poder Ejecutivo.
“Hoy, nadie se puede vacunar sin tener acceso a Internet. No existe nada más esencial que eso en nuestro país”, dijo López para subrayar que “el 690 creó un nuevo derecho: el derecho a la conectividad”, y repasó los orígenes de los derechos de los consumidores.
La conferencia de prensa también contó con la voz de diversas asociaciones de usuarios y consumidores, y el pedido unánime de la plena vigencia del decreto en debate y sus reglamentaciones posteriores. Sin embargo, y en lo que respecta a los operadores, sólo se hizo referencia a la cautelar antepuesta por Telecom y nada sobre las oriundas de Misiones y Córdoba.
Del lado de las asociaciones de usuarios y consumidores, también hubo cautelares. A una de ellas, la recordó Jerónimo Rossi, presidente de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (Acuba), de Mar del Plata, quien en enero generó acciones contra Telecom, Movistar, Claro y DirectTV por el aumento de los precios y con el que consiguieron retrotraer las tarifas a diciembre de 2020.
“El Estado le pide a las empresas servicio básico sin posibilidad de corte y a precios justos”, explicó Rossi y subrayó que la conectividad hoy no puede ser considerara un servicio comercial porque “en el paradigma de la sociedad moderna es un pilar fundamental”.
La resolución mencionada surgió del Juzgado Civil y Comercial 10 de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, a cargo de la jueza Mariana Tonto de Bessone que, a su vez, obligaba a las empresas a mantener sus valores hasta que no existiera una sentencia definitiva “no podían imponer aumentos, ni si quiera los que aprobara Enacom. Hoy, esa medida cautelar está vigente y Telecom la violó flagrantemente”, dijo Rafael Luena, abogado de Acuba, y concluyó que “la única cautelar vigente, en materia de precios, es la que obtuvo Acuba en enero y que beneficia a todos los usuarios y consumidores del país”.
