El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional para manifestarse en contra de las diversas disposiciones que implica el decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) y que, entre otras medidas, lo obliga a crear y dar forma al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Tal como lo había anunciado el ente y publicado TeleSemana.com hace apenas dos semanas, Adolfo Cuevas Teja, comisionado presidente del IFT manifestó oficialmente su disconformidad y elevó el reclamo a fin de frenar la iniciativa de dar vida al padrón.
Para el IFT, este ordenamiento legal “contraviene su autonomía presupuestal” por intervenir en la planificación y ejecución de recursos, al tiempo que subrayó que el órgano “no cuenta” con los recursos económicos para poner en marcha el registro porque el presupuesto que tiene aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio actual fue asignado a sus funciones ya previstas.
Inclusive, la negativa a avanzar con la misiva encomendada al IFT se justifica en la consideración de que el Panaut “afecta e invade” su esfera competencial, “concretamente a las atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos”, al “impedirle” cumplir con su objeto constitucional y que “obligar” al Instituto a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Sucede que ambas Cámaras del Congreso mexicano aprobaron un decreto que, publicado el 16 de abril, creó al Panaut, lo puso bajo la órbita del IFT y obliga a los usuarios celulares a entregar sus datos privados e incluso biométricos para tener acceso a una línea telefónica móvil y, en caso de no acceder a ello, asumir la baja del servicio.
“El IFT reitera su compromiso de defender la autonomía que la Constitución le otorga, así como su esfera competencial, de la que deriva su carácter de garante de los derechos humanos”, insistió el ente en su comunicado.
