En México surgió la idea de crear una gran base de datos con nombres, domicilios y registros biométricos de los usuarios de las 120 millones líneas telefónicas celulares presentes y las futuras. La idea prosperó tanto que, a mediados de abril, la Cámara de Senadores local aprobó su creación y dio inicio a un sinfín de reclamos hasta que, esta misma semana, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que presentará una controversia constitucional ante el Supremo mexicano y se enlistó segundo detrás del reclamo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Se trata del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y el reclamo del IFT radica en que, al oficializarse el registro, recae en su órbita la responsabilidad de delinear y designar recursos para almacenar y resguardar la información que recaben los operadores móviles, pero considera que contiene elementos “que podrían contraponerse” con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en la Constitución, pero también por los costos que implicarían la obtención y el resguardo de los datos biométricos (huellas dactilares, registros faciales y/o de voz).
A partir de la creación del padrón de usuarios de celulares, aprobada por ambas Cámaras del Congreso mexicano y publicada el 16 de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), todas las personas estarían obligadas a entregar sus datos privados e incluso biométricos para tener acceso a una línea telefónica móvil. Esto surge a partir de un decreto que reforma y adiciona las disposiciones contempladas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que entró en vigor al día siguiente del Panaut.
Según circuló en diversos medios, la intención oficial es que esta medida permita frenar los delitos de extorsión y secuestros que, según dicen, se comenten -en buena medida- desde llamadas originadas desde las cárceles a partir de teléfonos celulares clandestinos.
En total, el padrón contendrá una decena de datos diferentes: el número de línea telefónica móvil, la fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida con la tarjeta SIM, el nombre completo o la denominación del usuario, su nacionalidad, su número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP), sus datos biométricos, su domicilio, los datos del operador y su esquema de contratación (postpago o prepago).
“El Instituto no podría destinar en este momento recursos al Panaut, debido a que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 no contempla recursos para poner en marcha dicho registro”, dice el IFT en su último comunicado – disponible aquí- y agrega que “el mandato legislativo” que lo convida a que instale, opere, regule y mantenga el padrón “configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución”.
La cuestión también preocupa a los usuarios dado que quedarían desconectados en caso de no acceder a entregar sus datos biométricos a cambio del uso de su línea telefónica y, según difundió la organización civil Causa en Común, recibieron alrededor de 6.500 solicitudes de usuarios para unirse a una demanda de amparo colectivo, al tiempo que otras 1.286 personas hicieron su reclamo individual.
