Esta semana y al día siguiente de su asunción, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, iniciativa con la que aspira a derogar la actual ley vigente desde junio del 2013, y cuya presentación anunció en su cuenta de la red social Twitter: “Hoy envié a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. Estamos comprometidos con un Ecuador libre donde el derecho a la libertad de expresión esté plenamente garantizado”. El proyecto fue bien recibido por múltiples sectores, aunque con señalamientos.
El anuncio de este proyecto es una vieja promesa de Lasso y parte del discurso inaugural de gestión de este 24 de mayo cuando señaló que en aquel país hubo un “excesivo control” sobre la libertad de expresión, la prensa libre y los periodistas, en relación a vigente la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y a la que algunos sectores caracterizaron como “Ley Mordaza”.
Las expresiones ponen de relieve un enfrentamiento histórico entre las fracciones políticas vigentes en el gobierno del Ecuador actual y de aquellas que lo antecedieron, en especial, las del ex mandatario Rafael Correa.
La normativa cuestionada fue creada a partir del resultado de una consulta pública en tiempos de Correa y, entre otras medidas, aumentó los controles y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios, repartiéndolo en partes iguales para garantizar la pluralidad de voces y las representaciones culturales. Luego, llegaría la gestión de Lenin Moreno y la implementación de varias reformas, entre las que destacan la eliminación de la Superintendencia de Comunicación.
Así, el recién asumido primer mandatario ecuatoriano propuso derogar casi la totalidad de los artículos de la normativa vigente, a excepción de los relacionados con la propaganda y la publicidad, la producción nacional, los espectáculos públicos y el régimen del espectro radioeléctrico.
La propuesta legislativa también prevé la derogación del delito de calumnia, que consta en el artículo 182 del Código Integral Penal y el vinculado a las contravenciones de cuarta clase, es decir, aquellas asociadas a los “actos lesivos al honor” y, según indicó la propia Asamblea Nacional “se robustece la protección de la inviolabilidad de comunicaciones personales”.
Asimismo, el proyecto propone la autorregulación de los medios y del contenido publicado a través de sus propios códigos de ética y de políticas editoriales, con el que aspiran a “permitir” un trabajo periodístico libre, “sin la intervención política de los poderes de turno”.
Con todo, esta iniciativa posee 14 artículos, dos disposiciones reformatorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final y, según lo señala el comunicado de presentación, fue redactada acorde con los principios internacionales de libertad de expresión, con la declaración de Chapultepec, y con la declaración de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La expectativa de Lasso es que la Asamblea Nacional dé un tratamiento inmediato a su propuesta. “Nuestro proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación garantiza un Ecuador libre. Estamos comprometidos con el derecho a la libertad de todos los ecuatorianos”, publicó en otro tuit el mandatario.
“El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo va en el camino correcto y recoge distintos principios amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, que promueven el respeto a la libertad de expresión y prensa” sostuvo en respuesta la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios (Fundamedios).
Sin embargo, esta organización de prensa dedicado a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión en Ecuador también expresó algunas inquietudes como, por ejemplo, alrededor del derecho a la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones personales por no establecer definiciones claras “que delimiten su aplicación”.
Este señalamiento está en sintonía con la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y por lo que ya estaría garantizado el derecho a la intimidad y a la privacidad de las y los ecuatorianos.
Asimismo, Fundamedios alertó acerca de que esta iniciativa legislativa “no deroga” en su totalidad la Ley de Comunicación sino que genera dos nuevas leyes, es decir, una Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación y una Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espacio Radioeléctrico, “la cual es la actual Ley de Comunicación, con un nuevo nombre y donde se mantienen los artículos del 91 al 118. No obstante, hay que revisar cuidadosamente el objeto de la ley que quedaría en vigencia”, previno.
Sin mayores objeciones, por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó de “positivo” el envío del proyecto por parte del nuevo presidente ecuatoriano y adelantó que enviarán sus observaciones.
Las cartas están sobre la mesa y la propuesta parece invitar a revisar varios aspectos que rigen las comunicaciones y las telecomunicaciones en Ecuador, pero también las libertades y la vida en democracia.
