La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) volvió a advertir sobre la situación en que se encuentran sus empresas integrantes debido a los condicionamientos a los que se están sometidos para aumentar los precios de sus servicios. E insistieron en que continúa comprometida su subsistencia debido al aumento en los costos, asociados principalmente al dólar.
La expresión de la cámara se conoció este martes, el mismo día en que el presidente Alberto Fernández, en el marco de un acto de entrega de viviendas, dijo que “durante todo un año las tarifas estuvieron controladas y cuando tuvimos que corregir lo hicimos lo mínimo y necesario” para, luego, señalar que se hizo así “para que no afecte el ingreso de los argentinos”.
Más allá de la pandemia y del dólar, el principal problema de este país es la inflación, que acumula un 17,6 por ciento en lo que va del año, donde enseñanza, vestido y transporte fueron los rubros que más subieron en abril, seguido muy de cerca por alimentos que se ubica por encima del índice alcanzado ese mes.
Es la razón por la que el mismo Fernández admitió en ese mismo acto: “Sé que la inflación apremia a los argentinos, no dejo de atender ese problema” para luego agregar que “es un tema pendiente de resolución y trabajamos todos los días para resolverlo”.
Sin dejar de atender el punto que manifestó el jefe de Estado, porque el país tiene prácticamente a la mitad de la población sumida en la pobreza, tampoco puede dejar de mirarse la situación de los proveedores de Internet, menos en un contexto en donde habrá restricciones intermitentes de las actividades dado el alto nivel de contagios por covid que se registra, ya no sólo en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sino, principalmente, en las provincias, las más grandes y también las más pequeñas. En este contexto, el trabajo remoto y las clases virtuales necesitan poder canalizarse a través de una conectividad ya no veloz sino que cumpla con parámetros mínimos de calidad, principalmente la latencia.
“Por la gravedad de esta situación, los pequeños proveedores de internet, que operan, invierten y dan trabajo principalmente en pueblos y pequeñas localidades de interior del país, se encuentran en una difícil situación económica luego de meses en los que debieron solventar con sus ahorros el subsidio a los precios que las autoridades han impuesto sin contemplar la estructura de costos que deben afrontar las PyMEs que proveen sus servicios en esas localidades”, indicó el comunicado de la CAPPI que recordó, a su vez, que aún en las más pequeñas localidades de las provincias de este país existe al menos una pequeña prestadora que provee Internet.
En 2020 la inflación argentina fue de 36,3 por ciento. Si a esto se suma el acumulado señalado más arriba, se observa que los costos se incrementaron más de 50 por ciento. La cámara recordó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sólo autorizó aumentos que, entre enero y marzo, sumaron un 22 por ciento, lo que implica un desfasaje de 30 por ciento sin olvidar que los valores sobre los que se autorizaron las alzas son de 2019.
El DNU 690 que, entre otras cosas, habilitó la intervención de precios en el mercado de las telecomunicaciones es lo que comenzó a originar este desfasaje que, en un año electoral, será más difícil de resolver.
Las operadoras de telecomunicaciones de la Argentina vieron mermados sus ingresos en 2020 a raíz de la pandemia, tal como sucedió con este sector en la mayor parte del mundo debido a las distintas medidas que debieron tomar los países para garantizar la conectividad en este contexto.
El punto que no debe dejarse de lado es que el Fondo de Servicio Universal (FSU) que utiliza el gobierno, vía el Enacom, para llevar conectividad a los lugares remotos, a donde las empresas no llegan porque no les cierra el negocio, se alimenta por el 1 por ciento de la facturación de todas las prestadoras, más allá de su tamaño. Si estos ingresos se resienten más también lo estará ese FSU y los objetivos que persigue. Sin olvidar, además, que un potencial cierre de estas pequeñas prestadoras no sólo genera mayor deterioro económico y desempleo sino que, además, sus áreas de influencia quedarán sin conectividad, con el perjuicio que eso significa para los ciudadanos. Un círculo que se encuentra en una encerrona que urge resolver.
