Los medios comunitarios de Ecuador expresaron su “preocupación” por la derogación del reglamento de la actual Ley Orgánica de Comunicación y el envío del proyecto de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación a la Asamblea Nacional (AN), por parte del Ejecutivo Nacional, ante la posibilidad de que la nueva letra sea “regresiva en derechos”.
La declaración formal se realizó mediante la publicación de una Carta Abierta que involucra la firma de una treintena de organizaciones de diverso porte, entre las que se encuentran confederaciones de comunicación de los pueblos originarios, coordinadoras de medios populares y asociaciones afines, que señalan ver con “preocupación” algunos artículos expuestos en la iniciativa presentada la semana pasada por el recientemente asumido presidente ecuatoriano, Guillermo Laso.
Entre ellos, señalan que “se coloca a la Libertad de Expresión como un derecho individual, y no como un derecho colectivo de los pueblos” y que “esta noción individualista de la libertad de expresión omite el derecho de los colectivos a crear su propia comunicación”.
Sucede que la Legislación vigente, Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC), aprobada en 2013 y reformada en 2018, reserva del 34 por ciento del total del espectro radioeléctrico para este sector.
“Exhortamos al nuevo gobierno a revisar los procesos de adjudicación de frecuencias desarrollados en el anterior mandato, cuyos resultados mantuvieron la concentración de frecuencias en pocas manos”, dice el comunicado.
Asimismo, la carta objeta uno de los principales argumentos que impulsan esta renovación y que está asociado a la libertad del ejercicio comunicacional, al advertir que “tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional, deben reconocer y recordar que aquellos artículos susceptibles del abuso político para sancionar y perseguir el trabajo periodístico, ya fueron suprimidos de la legislación”.
“Al no reconocer a la comunicación como un Derecho, omite la responsabilidad del Estado frente a este tema, y a la voluntad de organismos del Estado el concesionar o no frecuencias, dejando así, inaplicables los principios de equidad e igualdad que establece la Constitución”, sentencian.
Asimismo, la misiva insta a la “discusión” amplia acerca de un proyecto de Ley que viabilice el derecho a la comunicación consagrado en la Constitución y la libertad de expresión, con “participación, debate público y el análisis de normativo por parte de todos los sectores”.
