El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a los operadores de servicios de tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) a incrementar sus tarifas con un tres por ciento en junio y un cinco por ciento en julio, y se comprometió a reiterar una revisión tarifaria el primer día de diciembre.
De esta manera, los aumentos autorizados para el sector entre el primer día de 2021 y el 30 de noviembre de este mismo año, “no podrán ser superiores al 23 por ciento”, ajustó el órgano y subrayó que, “cualquier aumento dispuesto unilateralmente por parte de ellas (NdR: las empresas prestadoras) deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a las y los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe la refacturación”.
A su vez, la promesa anunciada en esta oportunidad, señala que el primero de diciembre, el Enacom elaborará una “fórmula orientativa que contemplará precio justo, equitativo y razonable, que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas” y, en tren de facilitar previsibilidad, agregó que “únicamente se autorizarán incrementos en los valores de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año”.
En las semanas que transcurrieron durante el primer semestre, varios operadores comunicaron aumentos a sus usuarios y, en el marco del anuncio realizado este viernes último -mensaje enviado, pero luego postergado para después habilitarse sin modificaciones- el órgano subrayó que “cualquier modificación de los precios” de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción, “debe” contar con su aprobación previa.
Sucede que la discusión sobre las tarifas de los servicios TIC´s en Argentina viene cargando tinta de titulares y de causas judiciales desde comienzo de año y acumula malestares entre los operadores, en buena medida, desde que a fines de 2020 se sancionara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 y sus tres regulaciones posteriores, tendientes a garantizar la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) y congelamiento tarifario, entre otras medidas.
