Antel prevé invertir 147 millones de dólares en el refuerzo de su infraestructura de fibra óptica en todo el país en 2022, momento para el que también prevé destinar una asignación presupuestal extra para 5G por considerarlo “el salto tecnológico y cualitativo que va a marcar este mandato de Antel”.
El anuncio y la sentencia corrió por cuenta de Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, en el marco de la reunión que Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, realizó con los principales ejecutivos de las empresas públicas en aquel país y que trascendió en diversos medios locales.
En ese marco, Gurméndez adelantó que la empresa tiene como proyecto estratégico la eliminación de todas las conexiones de cobre para 2023 y que ya dispone del presupuesto para llegar al interior profundo rural, con el firme objetivo de alcanzar al 99 por ciento de la población que vive en poblaciones de menos de 500 habitantes en 2022.
La premisa principal de este encuentro, en el que participaron funcionarios de otras empresas públicas, como UTE, fue abrir un espacio de diálogo entre el Ejecutivo y las empresas a las que Lacalle Pou valoró como “un instrumento muy importante para la ejecución de las políticas públicas del gobierno”.
La infraestructura de Antel viene estando en el ojo del debate, sobre todo, a partir de diversas iniciativas que promovieron compartirla con los privados y que para algunos directores de la empresa e integrantes de la oposición política, una inversión en su ampliación podría traducirse en fondos públicos que usufructuarían los operadores privados, como Claro y Movistar.
Hace pocas semanas, el Parlamento Nacional uruguayo recibió el proyecto de Rendición de Cuentas, en el que el Gobierno dispuso su presupuesto para el próximo ciclo. Dos de sus artículos, el 153 y 154, fueron cuestionados por prever la conformación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con dinero público cuya administración quedaría bajo la órbita de Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Esta iniciativa reabrió un viejo debate sobre el arrendamiento de la infraestructura de Antel, ya discutido en la Ley de urgente consideración (LUC) y, luego, en el debate por la nueva Ley de medios, una apuesta monetaria que los privados no realizarían y por la que sí podrían obtener ganancias.
“La asignación de recursos del FUT se realizará mediante procedimiento competitivo abierto y transparente a fin de seleccionar a quien proveerá la infraestructura para llegar a las zonas que se determinen”, dice el proyecto de Rendición de Cuentas que, a su vez, señala la “obligación” de dar acceso a todos los operadores de servicios de voz y de transmisión de datos e Internet que presten servicios en el país.
