La nueva iniciativa de renovar la legislación de medios en Uruguay pero también el escenario que se plantea en materia de telecomunicaciones fueron los ejes temáticos que rigieron la entrevista que Gustavo Gómez, investigador, consultor y director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), otorgó a TeleSemana.com y que en esta nota se reproduce.
La charla se dio el mismo día que el parlamento uruguayo daría tratamiento a la nueva iniciativa que, presentada por el Ejecutivo la semana anterior, renovaba los debates acerca de su articulado. Sin embargo, el tratamiento fue prorrogado por una semana, según trascendió oficialmente, ante los pedidos de un nuevo plazo para “aportar nuevas modificaciones”.
¿Cómo valora este nuevo proyecto de ley de Medios?
El lunes pasado el Gobierno envió a la Comisión de Industria una nueva versión del proyecto de ley y la diferencia principal con el proyecto inicial tiene que ver con la eliminación de la obligación de que la empresa estatal Antel compartiera su infraestructura con los operadores de Internet.
El nuevo artículo 48 mantiene la posibilidad de que las empresas de televisión por cable (no toda la televisión paga) accedan a una licencia de Internet, pero ya no establece la obligación de compartición de infraestructura por parte de la empresa nacional.
Pero tampoco lo prohíbe.
No, y de hecho, al derogar la ley vigente que establece la prohibición de propiedad cruzada, nada le impide que al Gobierno hacerlo. Y es lo que va a pasar, seguramente, que Antel lo haga por sí misma. La empresa estatal, hoy controlada por en su mayoría por el Gobierno, probablemente comparta su infraestructura a la competencia.
¿Qué otros aspectos destaca de esta nueva iniciativa?
Hay alguna mejora, muy mínima, que no cambia lo esencial en materia de concentración. El proyecto inicial no ponía ningún límite a en ese sentido a la televisión paga y flexibilizaba el control, al igual que sucede en la Argentina.
Hoy, ninguna persona o grupo económico puede tener más de tres licencias en todo el país en radio y televisión abierta y tampoco puede tener más de tres licencias de televisión para abonados en todo el país en el caso que una de ellas sea de Montevideo. El proyecto inicial lo pasaba a ocho y a ninguna en televisión paga, pero los cambios, producto de la negociación dentro de la Coalición lo llevaron a seis (cinco radios y una televisora, incluso en el mismo lugar), en vez de ocho; y hasta ocho las de cable.
¿Impacta en la concentración?
No cambia sustancialmente nada e, inclusive, termina blanqueando la concentración, por ejemplo, de Clarín en televisión por cable y la legaliza. Hasta hoy es una empresa que está ilegal porque tiene al menos siete licencias en todo el país y supera las tres que debería tener, pero el gobierno no la sanciona. Y lo mismo sucede con otros grupos uruguayos.
La cantidad actual es menor que al del comienzo, es cierto, pero el efecto es el mismo porque una sola persona, en un país tan pequeño como el nuestro, es capaz de ser dueño de cinco radios, una televisión abierta y hasta ocho licencias por cable de una localidad o provincia; es como decirle que sea el dueño de ese lugar.
¿Y algún aspecto positivo?
Valoro positivo que se reincorporan dos artículos que son importantes para la sociedad civil: el reconocimiento al derecho de objeción de conciencia de los periodistas frente a sus empleadores, que se vuelve a colocar en el proyecto de ley, y la reincorporación de un artículo que se había derogado sobre las limitaciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Son avances tibios pero bienvenidos. El resto de la estructura no ha cambiado en absoluto.
¿Considera que era necesaria una nueva legislación?
Bueno, depende de a quien le pregunte. Para el Gobierno sí, de hecho, su campaña electoral estuvo centrada en que la iba a derogar por completo y, finalmente, estamos discutiendo una legislación de 90 artículos que busca eliminar a la anterior.
Es decir, que vuelve a la situación previa a la legislación vigente porque, por ejemplo, ahora las empresas no van a pagar nada y tienen plazos de vigencia más amplios y hasta renovaciones automáticas; es decir que la tenencia de licencias es eterna.
Es una ley para las empresas, escrita por las empresas y, por tanto, que les recompone los privilegios que tenían, que les elimina los límites a la concentración o que se los flexibiliza de forma tal que les permite seguir acumulando medios. Además, les quita las cargas mínimas que tenían respecto a la protección de la niñez, que elimina todos los aspectos vinculados a la participación ciudadana y la fiscalización de la acción gubernamental.
Para el Gobierno, ésta siempre fue la tercera ley más importante del período: detrás de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es una legislación ómnibus enorme, y de la del Presupuesto Quinquenal. Y es un compromiso con los intereses del gran sector de empresas privadas, sobre todo de las grandes.
Entonces, ¿era necesario para el gobierno? Sí, creía que estaba mal y que imponía limitaciones al desempeño de los empresarios porque es un gobierno que responde a los empresarios y que son empresarios.
Por fuera de esta ley en particular pero quedándonos en el sector ¿ve un reordenamiento del mercado o de cambio de reglas?
No, no de las reglas, excepto en el caso de la portabilidad numérica. Y esto no quiere decir que no haya cambios. Justamente, los retrocesos que tuvo el Gobierno fue en su intención de cambiar las reglas de juego. Por ejemplo, inicialmente quiso incluir en la LUC que las telefónicas podían tener licencia de Internet y que Antel tenía la obligación de compartir con ellas su infraestructura; y luego lo eliminó.
En la Ley de Medios tampoco metió a las telefónicas, o sea, sólo incluyó a la televisión por cable, que son los empresarios nacionales que están asociados al gobierno. O sea que ni DirecTV va a poder tener Internet. Cablevisión, al menos en Montevideo y Canelones no, porque allí tiene televisión satelital. Pero el Gobierno podría darles licencias aunque no tiene la obligación, puede ser discrecional.
El escenario, de cualquier modo, plantea un cambio…
Sí, pero un cambio de mercado y no por las nuevas reglas sino por el cambio de voluntad política. Las reglas, al contrario, terminan bloqueando a las telefónicas y a los actores internacionales para acceder al mercado de televisión, por ejemplo.
Y lo que sí le da a la televisión por cable es la posibilidad de tener licencia para ofrecer Internet, pero tampoco necesitaba la ley porque bastaba con eliminar la prohibición de la propiedad cruzada de la legislación vigente.
Justamente, el gobierno quería establecer una regla por la cual estuviera obligado a compartir la infraestructura de Antel, por ejemplo, y ese fue un retroceso en su pretensión; aunque yo crea que lo va a hacer igual. Las reglas no lo obligan ni prohíben, y lo hará de echo. Pero, efectivamente, estamos ante un escenario de cambios.
¿Y respecto a la extranjerización del sector?
No me queda claro hasta dónde va a haber apertura al sector extranjero pero tampoco lo descarto. Inclusive, hay una un artículo en la Ley de Medios por el que se discutió bastante y que está cambiado ahora en el proyecto de la semana pasada. A las empresas del extranjero ya instaladas nadie las toca pero, tanto la ley vigente como el proyecto anterior, establecían que toda empresa nueva que quiere aplicar a un concurso no puede tener más del 49 por ciento de las acciones en manos extranjeras o ser subsidiaria. Pero ahora sí se habilita a que una empresa extranjera compre una uruguaya; o sea que borra con el codo lo que se escribe con la mano.
Y eso es lo que va a pasar, no va a haber ningún llamado o concurso y cualquier empresa extranjera podrá comprar a los cableros locales, que también tendrían licencia de Internet, algo que les sube el precio, Y encima no hay límites a la concentración, así que la entrada al capital extranjero sería por ahí. Esto ha generado ruido y hay un cambio en el proyecto nuevo que elimina la obligatoriedad pero que le permite al Gobierno decidirlo por sí solo, o sea, con total discrecionalidad.
