La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó la aprobación a la Estrategia Digital Nacional (EDN) para el período 2021-2024, que ahora aguarda la publicación en el Diario Oficial de la Federación para tener su punto de partida. Sin embargo, a nadie parece haberle pasado por alto que esta definición se alcanzará recién tres años después de haber comenzado la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador y, para muchos, es insulsa.
Así, el documento que formaliza esta estrategia de política digital y que este lunes rubricó Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, “se despliega en el marco de la cuarta transformación” del gobierno actual y “expone el conjunto de acciones que el Gobierno de México está llevando a cabo para hacer posible el uso y desarrollo eficiente, democrático e incluyente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”.
La definición –descargable aquí- servirá como rector para las diversas entidades que componen la administración pública; una “hoja de ruta” pero de “observancia obligatoria” para que las instituciones del Estado puedan “orientar los esfuerzos y las iniciativas tecnológicas y de seguridad de la información en la misma dirección”, entre cuyos considerandos hace pie en las definiciones constitucionales locales acerca de la garantía del derecho del acceso a las TICs.
La transformación digital de la administración pública es uno de los ejes rectores de esta iniciativa y prevé el uso de las TICs para “mejorar y transparentar” la gestión gubernamental. También señala al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, del que se desprende, para enunciar que el gobierno federal “impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar”, al que advierte inclusivo y sobre el que sostiene que la cobertura masiva a Internet deberá llegar a todos y colaborar en la reducción de la marginación y la pobreza. Y, como es de imaginarse, también se enlaza con la iniciativa CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, cuyos lineamientos fueron publicados recién un año y ocho meses después de su creación, a fines de abril.
A su vez, los principios básicos de la EDN recuerdan a los planteados al comienzo de la gestión de gobierno de López Obrador, como la austeridad, el combate a la corrupción, la eficiencia, la seguridad de la información y la soberanía tecnológica.
Y lo recuerdan a pie de juntillas al proponer ocho objetivos entre los que se encuentra, por ejemplo, la “estandarización de las compras de TICs”, a las que aspira “transparentes, austeras y efectivas, que generen ahorros y maximicen el ejercicio responsable de los recursos públicos”.
Pero también promueve “la autonomía e independencia tecnológicas para establecer la rectoría del Estado” y una “cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas”; pero también aborda la importancia de reducir la brecha digital, garantizar la universalidad de Internet y “mejorar la calidad de los programas sociales mediante soluciones tecnológicas que faciliten y acompañen las acciones encaminadas al bienestar de la población”.
Las críticas no tardaron en presentarse, por ejemplo, al señalar que estos lineamientos llegan mal y tarde, en relación a que el primer mandatario ya avanza en la segunda mitad del período de gestión vigente; o que los objetivos no aclaran las vías para alcanzarlos, o que el período previsto tampoco está determinado. E, inclusive, y tal como lo señala el medio local El Economista, se trata de una definición que carece de mecanismos de evaluación.
