El cierre de la salida de Telefónica de El Salvador y, así, de Centroamérica, avanza de manera acelerada. Una semana después del acuerdo de compra por parte del grupo General International Telecom (GIT) El Salvador, ambas compañías se presentaron a la Superintedencia de Competencia (SC) de este país la solicitud de autorización de concentración económica.
Si el regulador lo admite, deberá realizar un análisis técnico vinculado con los posibles efectos a la competencia que esta operación pudiera ocasionar, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Competencia (LC) de este país, y los criterios establecidos en relación a la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
El pedido se presentó el pasado 22 de octubre. A partir de ese momento, la SC tendrá 90 días hábiles para revolver si aprueba o no esta transacción. Este plazo puede pausarse pero, en caso de que esto no suceda y el tiempo corra, la perspectiva es que en febrero de 2022 la situación ya quede resuelta.
“Una vez revisados los requisitos de la solicitud pueden suceder tres escenarios: que la solicitud sea admitida a trámite, que la solicitud sea prevenida o que sea declarada improcedente”, dijo la Superintendencia de Competencia a través de un comunicado.
Si es prevenida, significará que el organismo solicite más información a fin de poder realizar su análisis en profundidad; no quiere decir que se haya denegado la solicitud sino que se está buscando información complementaria. Esto tiene un plazo de 10 días hábiles prorrogables por otros cinco más. En caso de que no se cumpla con este pedido la solicitud se puede declarar inadmisible.
En caso de que la solicitud sea declarada improcedente, esto significa que la concentración no está sujeta al control de concentraciones dispuesto en la LC y pasará a ser competencia directa de la Superintendencia.
