El anuncio lo realizó Paola Vega Castillo, titular del ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), al asegurar haber tomado una decisión que “se había postergado desde hace 10 años”, en relación a su firme apuesta por recuperar las frecuencias para 5G que el Instituto Costarricense de Electricidad (Grupo ICE) tiene concesionadas. Mientras, el país aspira a realizar su subasta de espectro para 5G en 2022. En su nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022 a 2027, ahora en consulta pública, el país contempla como bandas ociosas a las de 2,6 y 3,5 GHz que aún están en manos del Grupo ICE, y con la que aspira a consolidar servicios comerciales 5G para 2023.
Si bien la instrucción de Castillo data de junio, cuando había anunciado el inicio del proceso administrativo correspondiente dado que, según trascendió en su comunicado oficial, “a pesar de la buena disposición mostrada” no había recibido ninguna propuesta de devolución de espectro de parte de la empresa estatal; las declaraciones de estas horas surgen en respuesta otras formuladas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a la prensa local.
Sucede que la Sutel manifestó públicamente que el Grupo ICE no podría solicitar indemnización alguna por el retiro de las frecuencias de telecomunicaciones otorgada a causa de su desuso o utilización ineficiente. Según publicó la prensa local, el órgano dijo haber documentado esa situación a lo largo de 16 informes técnico-juridicos elaborados desde el 2012, sobre las frecuencias de 1400 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz y 26 GHz.
Para la Sutel, el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones le ofrecería al gobierno la llave para recuperar esas frecuencias dado que apelaría al recurso denominado “rescate por causa de interés público”, pero la funcionaria responsable del Micitt negó en aquella oportunidad la utilización de este recurso, y confirmó su estrategia de agotar otras instancias.
Inclusive, fue el mismo órgano que, meses atrás, había estimado en 1.134 millones de dólares (704.000 millones de colones) las pérdidas económicas que ocasionarían al gobierno nacional el no haber asignado espectro 5G antes de 2025.
“Si un concesionario de Espectro Radioeléctrico no hace un uso o utiliza de manera ineficiente este recurso del Estado, lo que es contrario al ordenamiento, no puede generar un derecho de indemnización, pues se está en presencia de un posible incumplimiento a las obligaciones de la concesión como tal”, explicó Federico Chacón, presidente del Consejo de Sutel al portal local La Nación.
“Me preocupa la ligereza con la cual múltiples actores se refieren a este tema, lo cual no contribuye a la solución del problema; pues al no conocer todo el contexto técnico y jurídico, pueden confundir a la opinión pública y además invisibilizan deliberadamente el proceso de recuperación que responsablemente estamos ejecutando”, declaró en aquel momento Castillo al mismo portal.
Con todo, las licitaciones previstas para 2022 y 2023 involucrarían 3.930 MHz repartidos en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 2.6 GHz, 3.3 a 3.4, 3.5 GHz, 26 GHz y 28 GHz, al tiempo que la consulta pública de su Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones surgió como respuesta a que muchos operadores y actores del sector habían advertido que, para que el modelo del negocio 5G local fuera atractivo, la iniciativa debía contemplar a las bandas bajas, medias y altas, y que para ello debería incluir el espectro en litigio con Grupo ICE.
Cabe recordar que cámaras de diverso porte manifestaron su deseo de avanzar en la materia. Una de ellas, fue la de Comercio (CCCR), que hace un mes planteó que el desembarco de una nueva era de telecomunicaciones involucraría un impulso “muy fuerte” para los negocios, la educación y el trabajo.
La intención de la cartera es que, al menos en dos años, se pueda llevar a cabo el concurso público del espectro radioeléctrico para poder comercializar los servicios de quinta generación en el territorio nacional. Pero la discusión hoy, gira alrededor del modo y de los plazos.
