La noticia se conoció este miércoles, a última hora, cuando Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería salía del Consejo de Ministros, realizado durante esa misma jornada, y adelantaba que, “a partir del 12 de enero de 2022 estará habilitada la Portabilidad Numérica (PN) en Uruguay”.
Tal como lo adelantó días atrás TeleSemana.com, y según lo publicó en la mañana de este jueves la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en su portal web, la fecha fue acordada con los operadores de telefonía móvil.
La confirmación de esta medida “facilita a las empresas responder adecuadamente a las necesidades de las personas, y a partir de la cual, los usuarios podrán hacer uso de su Derecho”, dice la Ursec en su posteo y recuerda que “la PN es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil reconocido en la Ley de Urgente Consideración (N° 19.889)”.
Sin embargo, este anuncio no implica que las discusiones entre impulsores y detractores haya alcanzado un consenso: el 27 de marzo, los 135 artículos más controvertidos de la LUC serán expuestos a la voluntad pública, entre ellos el que da vida a la PN. Y, en caso que se opte por la derogación, todos los pasos dados hasta el momento quedarían sin efecto. ¿Y los usuarios portados? Según dijo el regulador, “no afectaría” a los usuarios que ya concretaron el traspaso.
¿Y los operadores? ¿Y las demás partes intervinientes? ¿Y las inversiones realizadas? En medio del proceso y de las discusiones enfrentadas, los contratos incluyeron una cláusula que exime al Estado de responsabilidades.
Sin embargo, todo este cúmulo de acciones, involucró un desembolso adicional, sobre todo, para el operador estatal, Antel que debió adaptar sus procesos y sus sistemas para incluir la PN, frente a los demás operadores cuyo porte de multinacional -con presencia en mercados donde la portabilidad es una realidad desde hace, al menos, una década- le ofrece otra capacidad de apuesta.
Y en esa diferencia se encuentra la puerta de entrada a buena parte de los argumentos de los detractores, quienes advierten que la PN es sólo una entre muchas otras medidas que tienden a corroer la posición dominante del operador nacional.
Con todo, las estimaciones oficiales, señalan que el 25 por ciento del parque de usuarios móviles uruguayo estaría dispuesto a portar su número sobre un total de 5,6 millones repartidos entre Antel (53 por ciento),Movistar (29 por ciento) y Claro (18 por ciento).
Hoy, y más allá de las especulaciones, de las acusaciones y los debates, la PN tiene fecha de inicio de actividades en Uruguay, pero también de revisión: entre el 12 de enero y el 27 de marzo, estará activa y ofrecerá algo así como un período de prueba. Pero nada garantiza que toda la parafernalia desplegada tenga vigencia más allá del 28 de marzo de 2022. Claramente, esta historia… continuará.
