Por estas horas, Uruguay tenía previsto dar inicio a la Portabilidad Numérica (PN) móvil; más precisamente, el anuncio oficial había señalado al 27 de diciembre como el día del inicio de actividades, pero el día llegó y pasó… y la PN no fue una realidad. ¿Qué pasó? De todo. En pleno cierre del año y en días de inevitables balances, cabe aprovechar la excusa para repasar el álgido ciclo que vivieron las telecomunicaciones en términos regulatorios en la costa oriental del Río de la Plata.
En junio de 2020, la sanción de la Ley de Urgente Consideración (LUC) implicó la aprobación de una legislación ómnibus, que contó con 18 votos a favor y 12 en contra, pero que generó un debate incesante que repartió las aguas y las opiniones a favor y en contra. Por ello, buena parte de la población pidió revisar y/o anular a 135 de los 500 articulados de índole diversa que la dotaron, entre ellos el de la PN.
Se trató de un reclamo colectivo que aspiró y que consiguió, pandemia mediante, recaudar con creces la firma del 25 por ciento del padrón electoral (estimado en 673.592 personas) al colectar unas 800.000 adhesiones y dar paso a dicha votación, por sí o por no, previsto para el próximo 27 de marzo de 2022.
Así, si el resultado del referéndum para el artículo que creó la PN fuera negativo, todo habría sido en vano y debería desarmarse todo el andamiaje creado al día de hoy. Inclusive, y por las dudas, todas las partes consensuaron la incorporación de una cláusula por la que se exime al Estado de toda responsabilidad jurídica ante una eventual derogación del artículo.
Antes de seguir, cabe recordar que hace nueve meses, el escenario de acusaciones cruzadas ya evidenciaba la dificultad de arribar a un consenso. Sucede que, aún a pesar que el camino al referéndum estaba activo, la activación de la PN no dio marcha atrás: “La LUC está vigente y el referéndum no tiene efecto suspensivo (…) y nuestro deber es aplicar la ley”, explicó en agosto Mercedes Aramendía, presidenta de la Ursec y aseguró tomar “todos los recaudos para dar seguridad a todas las partes”.
Por ello, el órgano regulador avanzó con los lineamientos establecidos por la legislación vigente, aún cuando muchas de las opiniones opositoras advertían que, ante un proceso de referéndum en marcha, lo más conveniente hubiera sido esperar.
Con todo, los avances se fueron concretando. Cada operador debió invertir 375.000 dólares en la implementación; al tiempo que se creó el Comité de PN, integrado por representantes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), del operador público Antel y de sus contrapartes privadas, Claro (AM Wireless Uruguay) y de Movistar (Telefónica Móviles del Uruguay); además de los profesionales designados por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), el Ministerio de Industria, Energía y Minería; y por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y del Conocimiento (Agesic) para trazar las definiciones al respecto.
A su vez, se dio vida al Administrador de Base de Datos (ABD), órgano imparcial cuyo fin es velar por la integralidad de los datos de los usuarios, y cuya conformación definitiva se concretó hace apenas un mes luego que el consorcio Cleartech-Cietel obtuviera el liderazgo.
En ese mar de discusiones cruzadas, también se instaló la necesidad de contar con una nueva legislación de Medios, cuyo anteproyecto también resultó muy controvertido y que avanzó lo suficiente como para pensar que se aprobaría. Sin embargo, y sobre el filo de su votación, el proyecto fue reemplazado y todo el proceso quedó trunco, hasta nuevo aviso.
La nueva iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y enviada a la Comisión de Industria. Entre otras diferencias con la letra original, la nueva versión eliminó la obligatoriedad de que Antel compartiera su infraestructura con los operadores de Internet, uno de los aspectos más cuestionados del proyecto original pero no el único.
Ese párate, sin embargo, no impidió, que el debate continuara puertas afuera del palacio legislativo local y encontrara argumentos categóricos, como lo fue el ofrecido por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet); el expresado por el Consejo Directivo Central (CDC), de la Universidad de la República (UdelaR); al igual que la valoración crítica ofrecida por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).
Pero volviendo al caso de la PN, el propio Guzmán Acosta y Lara, titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), dijo la semana pasada al portal Montevideo que su activación efectiva “será en los próximos días” aunque no precisó fecha.
Inclusive, el periódico local El Observador publicó también que se están ajustando los procesos internos: “A medida que se van adaptando los sistemas y aparece un error, el ABD lo va ajustando y levantando esos bloqueos del sistema (…) va a quedar perfecto”, dijo al medio local el titular del Dinatel.
Según trascendió en la prensa local, una vez que se culmine con la ejecución del sistema y que todo funcione correctamente, el propio Ejecutivo Nacional será quien comunique el lanzamiento del servicio, previo acuerdo con los operadores para coincidir en la fecha más indicada para hacer el anuncio oficial.
La costa oriental del Río de La Plata ve el discurrir del debate sectorial en las arenas de la política. En resumidas cuentas, los planteos opositores advierten que este tipo de medidas atentan contra la salud del operador público, que ostenta posición dominante y que es el dueño de gran parte del tendido local; mientas que la voz oficial niega estas acusaciones y advierte la importancia de avanzar en la conquista de nuevos derechos, como por ejemplo, el que implica poner en manos del usuario el número celular. Diciembre recalienta el empedrado de las calles uruguayas, pero ni la llegada del verano despeja sus posibilidades de sudestada.
