El primer lunes de 2022 y en pleno verano en el hemisferio sur, Uruguay agrega décimas de calor a su ya tórridas jornadas y 10 días antes del establecido como el del inicio de la Portabilidad Numérica (PN), el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) convocó a una conferencia de prensa informar “sobre el resultado de la intimación judicial realizada al Poder Ejecutivo” sobre el tema, tal como lo adelantó en su cuenta de la red social Twitter.
Antes de dar inicio a la ronda, TeleSemana.com pudo conversar con Gabriel Molina, presidente del sindicato, quien adelantó que obtuvieron la “habilitación de Feria Judicial” para dar marcha con una intimación judicial en días en que normalmente, la Justicia local vacaciona.
La solicitud presentada -y que consiguió el visto bueno de la Justicia local- intima al Poder Ejecutivo, a la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones (Ursec), al Comité de Portabilidad Numérica y al operador estatal local Antel “para que suspendan inmediatamente y de forma transitoria el proceso de implementación de la PN y su puesta en vigencia (prevista para el 27 de diciembre de 2021 – N.de R: una de las últimas fechas acordadas y luego reagendada para el 12 de enero de 2022), hasta tanto se realice la votación ciudadana en el referéndum”.
Se refiere al referéndum de la Ley N°19.889, sancionada en julio de 2020 y conocida como De Urgente Consideración (LUC) que, tras recolectar 800.000 adhesiones o el 25 por ciento del visto bueno del padrón electoral, se llevará a cabo el 27 de marzo próximo. En ese referéndum, tal como lo repasó TeleSemana.com en notas anteriores, la población de ese país decidirá por el sí o por el no, acerca de los 135 artículos más controvertidos de los 500 que la integran.
En este caso en particular, se trata de los artículos 471 al 476 referidos a la PN; en los que se hacen las definiciones, se establecen los mecanismos generales, se insta a la creación del Comité de PN y se dota a la Ursec de la competencia de la implementación, además de prever plazos, mecanismos, esquemas y otros detalles del caso.
La solicitud presentada y aceptada por la Justicia -a la que TeleSemana tuvo acceso-, lleva la firma del abogado Oscar López Goldaracena y exhibe una veintena de argumentos. Entre ellos, considera que la PN no ameritó formar parte siquiera de la LUC y sentencia que “el tema no conllevaba, ni conlleva, la cualidad de ‘urgencia’ para el Bien Común (salvo la urgencia que puedan tener las empresas extranjeras que son competencia de ANTEL para captar su clientela)”.
E, inclusive, toma datos oficiales para sentenciar que “más de la mitad de los usuarios de telefonía celular son clientes de la empresa pública” para advertir que la intención oculta es la de correr a la empresa pública, aunque presentándolo como la inauguración de un derecho a la identidad digital de los usuarios.
“El verdadero motivo de la portabilidad es que a las empresas que son competencia de ANTEL, les es mucho más fácil captar como nuevos clientes a quienes ya son clientes de ANCEL si pueden asegurarles que conservarán su número (por ejemplo, el 099…).”, dice expresamente la nota en su punto octavo y lo refuerza en el siguiente.
En diálogo con TeleSemana.com, Molina planteó todo el escenario como de “mucha irresponsabilidad”: “Como sindicato venimos presentando nuestra opinión contraria al negocio al que se le abre la puerta a través de la PN”, dijo y recordó algunas instancias a las que caracterizó como de la irresponsabilidad, por ejemplo, que el consorcio Cleartech -que obtuvo la concesión del Administrador de Base de Datos (ABD)- “no estaba registrado en el país y no tuvieron más remedio de darle 45 días para que se pusiera al día. Todo muy muy irresponsable”.
“Enviamos una intimación a la Justicia para que se intime al Poder Ejecutivo, a Antel y a la Ursec para que se suspenda la implementación de la PN hasta que el pueblo uruguayo exprese con su voto, el 27 de marzo”, dijo Molina y precisó que el caso quedó exceptuado de la Feria Judicial y hoy lunes ya tuvieron contacto con “la alguacil de guardia, recorriendo algunos organismos de Estado” y entregando las notificaciones del caso.
“Ahora estamos a la espera que el Gobierno actúe en consecuencia. Lo más lógico sería que el actual gobierno suspendiera la aplicación de lo mismo, cosa que reclamamos nosotros y que, después del 27 de marzo, haga lo que tiene que hacer. Esperamos que el Gobierno acceda ante la intimación a la que la justicia uruguaya ya dio el sí”.
En fútbol se diría que la pelota está del otro lado de la cancha ahora y, entonces, el interrogante gira en torno a la posible respuesta del Gobierno. “Si se desentiende de la situación, lo veremos desde el punto de vista jurídico. ¿Qué más podemos hacer? Estarían, realmente, manifestando una irresponsabilidad”, dijo y fue a exponerlo a la conferencia de prensa.
