El gobierno argentino quiere desjudicializar la situación creada en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DBU 690) que rige desde agosto de 2020 y que, además de considerar a las telecomunicaciones como servicios público esencial y en competencia, intervino los precios, el aspecto que más molesta a este sector. Lo expresó el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, durante la presentación del cuarto operador móvil, Imowi, que actuará bajo la figura de MVNO.
“Hay un decreto, el 690, y una serie de cautelares logradas por las empresas que se sienten afectadas. Consideramos que las telecomunicaciones y todo el sector TIC tiene que estar desjudicializado. Tenemos que buscar los acuerdos necesarios para garantizar y regular un servicio público básico para todos los argentinos y también dejar el espacio necesario para que las compañías tengan la previsibilidad para avanzar en las inversiones y actualizar el conjunto de las tecnologías de la información que tiene la Argentina”, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa que se realizó en el marco del lanzamiento del nuevo operador a cargo de las cooperativas, en asociación con Movistar.
La declaración de Neme sorprendió en un escenario donde, si bien se trataba de la presentación de un nuevo prestador, contó con la presencia de todos los funcionarios del Gobierno argentino involucrados en las políticas relacionadas con las TIC. De ahí, que Neme también aprovechara el momento para señalarles a las cooperativas que “ustedes, como nuevos operadores, también van a ser convocados a esta mesa en la que ya llevamos algunos intercambios y que se van a continuar en los próximos días y va a ser muy importante su participación en ese debate, porque van a tener la experiencia de un sector distinto para aportar”, indicó. En el marco de la desjudicialización, la jefatura de Gabinete ya tuvo un primer encuentro con las operadoras de telecomunicaciones y la próxima semana seguramente se convocará a una segunda reunión a la que Imowi ya fue invitada.
Al ser consultado por TeleSemana.com sobre cuándo se destraba el conflicto y dónde está el principal obstáculo, presuponiendo que está vinculado con la intervención de los precios de los servicios, el vicejefe de Gabinete dijo: “Hay algunas cosas conceptuales que hay que definir, que es la cuestión del servicio público, no el tema del precio. Se necesita definición de cuál es el límite, cuál es el parámetro de lo que se define como servicio público, ese es lo que hay que regular. Vamos a ir avanzando. Una vez que encontremos el concepto común que expresa que todo argentino tiene derecho a recibir una prestación básica universal como servicio público con una tarifa acomodada. Una vez que definamos eso creo que después la discusión se va a ir acomodando”
Neme indicó que hay tres cuestiones: “Una, la definición de servicio público, otra es la construcción de una polinómica para definir la banda de precio, y cuál es el piso sobre algún parámetro de inversiones de las compañías del sector. Son tres puntos lo que hemos puesto en la mesa de discusión”.
A su vez, el funcionario señaló que no sabe cuándo podría definirse este tema. Pero reiteró, tal como lo había hecho en la conferencia de prensa, que “todos tenemos apuro en resolverlo porque no puede ser que el tema de telecomunicaciones esté judicializado porque (al destrabar esta situación) nosotros podemos tener la facilidad de ejecutar las políticas que aspiramos y las compañías la facilidad para conseguir el financiamiento que las compañías consideran necesarias para mejorar sus sistemas”.
Sobre si se plantea la posibilidad de redactar un nuevo decreto que remplace al 690, se limitó a decir que “se trata de eventualmente tener el elemento jurídico que establezca la regulación apropiada”. Reiteró que ya hubo una primera reunión, aunque también muchas conversaciones e intercambios en el medio con las compañías con las que se mantiene en diálogo casi a diario, aseguró.
