Brasil comienza a dar sus pasos administrativos para bocetar, delinear y elaborar un proyecto legislativo que regule la inteligencia artificial (IA) en el país. Este miércoles se realizó la primera comisión de 18 juristas que abordará la temática y que tendrá 120 días para elevar una propuesta al Senado. Así, el país se enlista en una tendencia que en la región ya posee antecedentes.
Este primer abordaje se realizará sobre la base de textos discutidos con antelación, como es el caso del proyecto de ley 21/2020 que ya fue aprobado por la cámara de Diputados, y los 5.051/2019 y 872/2021, tal como lo recuerda la propia agencia de noticias del Senado Brasilero; al tiempo que se profundizará en los detalles de las experiencias internacionales como, por ejemplo, de la Unión Europea.
“La inteligencia artificial impacta cada vez más en la vida pública de los estados y en la vida privada de los ciudadanos. En gran medida, esto es en beneficio de la sociedad, pero las consecuencias de este proceso no siempre son positivas, como sugieren las distopías y las historias de ciencia ficción cada vez más frecuentes en la actualidad. Con la vertiginosa expansión de esta rama, ha llegado el momento de disciplinarla. ¿Cómo identificar la responsabilidad legal en un evento causado o mediado por inteligencia artificial?”, dijo el senador Eduardo Gomes (MDB-TO) en la apertura al leer un texto elaborado por Rodrigo Pacheco, presidente de la Cámara.
El jurista Ricardo Cueva, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y presidente de la comisión, garantizó que el colegiado escuchará a todos los actores involucrados: el sector privado, la sociedad civil y a los organismos intergubernamentales y multilaterales vinculados al tema. A su vez, la jurista Laura Schertel Ferreira Mendes es la relatora del caso y quien adelantó que esta comisión de trabajo abordará los contextos económico-sociales y los beneficios de la IA, su desarrollo sostenible, el horizonte de innovación, su investigación y el desarrollo, la seguridad pública, los usos en industrias verticales, entre otros aspectos, como también el uso y no uso de los personales vinculados a los límites éticos de la práctica.
Cabe recordar que hace apenas cinco meses, fue Chile quien dio un paso fundacional en la materia: desarrolló un Plan Nacional de IA que contará con 32.259.100 dólares (26.000 millones de pesos) y mediante el que busca crear un marco normativo acorde para promover su desarrollo y su uso responsable.
La IA no es sólo un tema de avances tecnológicos, sino que también tiene implicancias sociales. Y, de cara al despliegue de redes de 5G y su masificación de dispositivos conectados a la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), propicia una mayor disponibilidad de datos -cada vez más precisos y sensibles-, sobre lo que es menester establecer contratos sociales. Y en ese camino van Chile y Brasil. Argentina también, aunque un poquito más rezagado.
