El gobierno de Chile avanza en redefiniciones profundas de su vida en democracia entre las que se encuentra el darse un nuevo marco normativo; un replanteo que no exceptúa al sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, y aunque aún resta avanzar con los consensos y ya hay un borrador que aprobó la Comisión de Sistemas de Conocimientos, de la Convención Constitucional local que ofrece una aproximación a lo que vendrá, los operadores consultados por este medio prefirieron mantenerse en un silencio expectante.
Sí, la Convención Constitucional de Chile avanza su replanteo de la Carta Magna del país y acaba de aprobar el borrador de la que -se espera- sea parte de su nueva letra rectora. Como espíritu general, Chile pasaría a definirse a sí mismo como “Estado social y democrático de derecho”, en reemplazo del “Estado subsidiario” aún vigente y definido bajo la administración de facto de Augusto Pinochet. Y, en lo que refiere a las telecomunicaciones, en específico, el cambio histórico estaría dado, por ejemplo, por la definición de que toda la infraestructura de telecomunicaciones del país pasaría a considerarse de interés público “sin importar su régimen patrimonial”. Además, la iniciativa aborda la cuestión del espectro, crearía un organismo que vele por él, y efectuaría definiciones acerca de los medios de comunicación pública, entre otros aspectos que, aún deberán ser aprobados en el pleno.
Sin mayores vueltas, el primer artículo establece que “la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente de su régimen patrimonial” y plantea que “las autoridades locales podrán desarrollar redes y servicios de conectividad de gestión compartida, comunitaria y democrática, incluyendo a usuarios en su gobernanza y respetando las normas de la competencia”, al tiempo que adelanta que una ley determinará el desarrollo e implementación del caso.
Acto seguido, en el artículo segundo, se dirime la cuestión del espectro radioeléctrico, al que define como “bien común natural cuya protección corresponde al Estado”, y sentencia que su administración deberá ser “transparente, con la participación ciudadana y utilización de mecanismos de consulta, estableciendo medidas para garantizar la salud pública, la competencia y neutralidad de los servicios, y que eviten su acaparamiento, y la discriminación en el acceso y la conectividad a las tecnologías de la información”. A tal efecto, y en el cuarto artículo, la iniciativa propone la creación de un órgano específico para que “vele por su distribución y uso equitativos”.
En el tercer artículo, esta propuesta incorpora a la iniciativa a los Comunes Digitales y dice que “el Estado reconoce que los Comunes Digitales constituyen un conjunto de bienes comunes intangibles de interés general, basados en datos, información y conocimiento, sujetos a libre uso y gestión compartida”, además de adelantar que habrá una ley específica para el caso “bajo los principios de reciprocidad y confianza”.
Inclusive, en los artículos 12 y 13, define la institucionalidad del servicio público universal de conectividad y de la autoridad de regulación de las telecomunicaciones, al tiempo que propone la creación de una autoridad administrativa “autónoma, especializada e independiente del Estado y del sector privado para proteger el interés general en el marco del derecho al acceso y a la conectividad digital, con pleno respeto a los pueblos o naciones preexistentes al Estado”.
Los medios de comunicación públicos también forman parte de la iniciativa, contempla la creación de empresas autónomas del Estado y un Sistema Nacional de Medios Públicos, entre otras medidas, para garantizarlos “independientes, pluralistas, interculturales y descentralizados”,
A su vez, la cuestión del uso de herramientas tecnológicas para el cuidado medioambiental también integran el articulado y señala que “el Estado debe fomentar la creación y uso de tecnologías para la neutralidad climática, la sostenibilidad de los bienes naturales y los límites de la biosfera, así como para organismos públicos y las externalidades negativas de los procesos productivos de la industria”.
Con todo, el documento, observable aquí, ofrece unas 60 páginas de definiciones que darán lugar a muchas discusiones. Es, desde luego, un tema sensible y en pleno proceso de desarrollo.
