Chile está siendo uno de los ejemplos de América latina sobre cómo encarar diversas cuestiones en materia de telecomunicaciones teniendo en cuenta las transformaciones profundas que se están produciendo en la sociedad, también desde el punto de vista digital. Con el cambio de Gobierno, Claudio Araya, un ingeniero con 30 años de actividad en el sector, asumió al frente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La licitación 5G ya está en marcha y también la discusión de nuevas normas a nivel legislativo que tienen en cuenta este proceso. En conversación concreta y contundente con TeleSemana.com, Araya se refirió a estas iniciativas y también a las medidas que se analizan para cumplir con el recientemente lanzado plan Brecha Cero Digital como subsidiar la demanda o comprometer a los municipios en nuevas tareas para brindar conectividad. También abordó lo que está pasando con 5G, la -anunciada en campaña- empresa estatal de telecomunicaciones, y hasta se atrevió a hacer una humorada.
¿Cuáles son los objetivos de la nueva gestión? ¿Qué se continúa, qué cambia, qué se añade?
Hemos sintetizado nuestra misión en lo que hemos denominado el plan Brecha Cero Digital. Lo que tenemos es la continuidad del despliegue de infraestructura con el fomento de parte del Estado para llegar a todos los rincones del país. Esto hay que complementarlo con las acciones necesarias para que las personas puedan acceder a esos servicios, sea a través de un subsidio o de manera gratuita. Todavía falta llegar a distintas zonas, pero a través de la Fibra Óptica Nacional tenemos que alcanzar a las partes del sur y del norte que todavía no están conectadas y que queremos terminar de conectar en 2024. Luego, se va a complementar con los proyectos de última milla y el objetivo es dar capacidad a esas zonas entre 2024 y 2025. Esto, más el despliegue de 5G, permitirá tener una oferta de servicios en todo el territorio.
¿El subsidio a la demanda está definido?
Hacia 2023 se analizará el subsidio a la demanda. Hoy estamos con un proyecto de ley que permite declarar a Internet como servicio público. En esa iniciativa hay una indicación que permite que el Fondo de Servicio Universal dé subsidio a la demanda porque hoy no está permitido. Luego, habrá que definir los mecanismos. Una alternativa es hacer operativa esta acción vía los municipios donde, para ello, habrá que completar una ficha socio-económica como una de las fórmulas para otorgar esa posibilidad. Otra fórmula es que los municipios puedan dar zonas Wi-Fi gratuitas. Y otra posibilidad es que las cooperativas existentes o por existir compren capacidad como si fueran servicios mayoristas para, inclusive, subsidiar a los socios.
¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la articulación público-privada para el despliegue de redes?
Va a tener que crearse un nuevo tipo de entidad en caso de que se decida otorgar subsidios de manera directa a los municipios.
¿Y cómo se inserta el proyecto de empresa estatal?
Está en análisis la fórmula. Eso no se ha definido aún, pero nos permitiría avanzar en zonas poco atractivas, de baja densidad poblacional.
¿Quién toma la decisión sobre la creación de la empresa estatal?
El Gobierno, luego de que se haya definido un proyecto en conjunto con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el presidente.
¿Qué expectativas hay sobre 5G? Se supone que el impacto será sobre el sistema productivo pero lo que publicitan las operadoras es la oferta comercial para usuarios…
El uso previsto para 5G está enfocado para otra cosa. Cuando se avanzó con la licitación se fijaron reglas y las capitales tienen que tener cobertura este año, además de la contraprestación para 366 localidades, que debe cumplirse en 2023. En octubre del próximo año debe estar cubierto el 90 por ciento del territorio nacional. La suma de estas capacidades es lo que permitirá impactar en el sistema productivo. Por hoy, lo que se ve es que los clientes que tienen 4G pueden usar la red 5G -siempre que tengan un teléfono compatible- con el mismo plan. Pero no hay oferta todavía para el sistema productivo. Todos entendemos que la telemedicina, las ciudades inteligentes serán las que se desarrollen con 5G pero los planes actuales no están orientados hacia eso aún.
¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta el área para lograr sus objetivos?
Una de las cosas que tenemos que resolver es que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) fue creada para la regulación telefónica básica cuando habían 600.000 líneas de teléfono. Hoy tenemos millones de líneas y la regulación se ha ido parcheando pero no hay una política acorde a los desafíos actuales y eso hay que cambiarlo, porque las herramientas con que contamos no responden a lo que sucede en la actualidad.
¿Esa responsabilidad a quién le compete en el caso de Chile?
Es una decisión del Poder Ejecutivo .Pero si queremos una nueva política de comunicaciones eso debe pasar por el Congreso.
¿Qué es innovar en telecomunicaciones desde el sector público hoy?
Lo más disruptivo es cuando dominemos la telepatía (dijo como humorada). Desde la gestión, hay áreas a nivel técnico, a nivel tecnológico que debemos ver cómo implementar porque, por ejemplo, se nos viene el 6G. Y la lógica innovadora tiene que ver con los casos de uso porque con 5G se hizo el mismo camino que con 4G y no hubo un cambio de lógica. Hay casos de uso en 5G, como controlar a través de telemetría, usar sensores y demás aspectos donde se advierte que hay más innovación. Pero el punto es cómo hacemos un nuevo mapeo de los usos. Tenemos una tecnología potente con 5G pero no tenemos los casos de usos. Hacia adelante hay que moverse distinto.
¿Cómo le gustaría finalizar su gestión al frente de la Subtel?
Quisiera que el plan de cobertura de servicios esté completo y que el plan de subsidio a la demanda esté efectivo.
