La industria de las telecomunicaciones en Ecuador volvió a manifestar su preocupación ante la falta de novedades sobre el reinicio de las negociaciones en torno a los contratos de concesión de las principales operadoras móviles del país, Claro y Movistar. Las cámaras empresarias reclamaron al Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) que no han cumplido con la valoración que debían entregar en el marco del proceso de renovación de los contratos y que den a conocer las consultorías técnicas solicitadas a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En mayo pasado, en el marco de la crisis institucional que afectó a Ecuador, los organismos involucrados en la renegociación de los contratos de concesión decidieron suspenderla y si bien la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseveró hace un par de semanas que se les otorgaría una prórroga temporal a ambas compañías, las conversaciones no se han retomado. En los próximos días vence el contrato de Claro y en noviembre próximo sucederá lo mismo con el de Movistar. Ambas compañías están finalizando la concesión de 15 años otorgada en la primera década de este milenio. Una de las expectativas hacia adelante, en el marco de la renegociación, era otorgar licencias por períodos un poco más extensos.
Por esta razón la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), la Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet (Aeprovi) y la Asociación de Proveedores de Servicios de Valor Agregado (Aprosva) reclamaron que se retome la renegociación porque se trata de un proceso “regulado por plazos, principios jurídicos y parámetros técnicos establecidos” en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), tal como lo expresaron a través de un comunicado.
Señalaron que la normativa vigente establece plazos que deben cumplirse más allá de las condiciones políticas que está atravesando el país. Días atrás, Patricia Falconi, presidenta de Asetel, enfatizó que la LOT justamente contempla que se puedan seguir los lineamientos establecidos para las telecomunicaciones independientemente de las coyunturas. Y que ya no había suficientes justificativos para seguir dilatando el reinicio de las conversaciones.
“La certeza jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y para garantizar la continuidad y mejora de los servicios que se brinda a la sociedad ecuatoriana”, agregó el comunicado.
En él también señalaron que urge que se prorroguen los contratos de concesión, como paso previo o en paralelo al reinicio de las negociaciones. Y rechazaron que desde el gobierno se efectúen declaraciones políticas sobre las expectativas de pago. “Cualquier declaración política sobre las expectativas de pago resulta inapropiada en este contexto, ya que los términos de la negociación deben ser discutidos de manera técnica, en las mesas de negociación y, en estricto apego a los parámetros definidos en el Art. 54 de la LOT, con la participación de veedores ciudadanos e internacionales que forman parte de este proceso, y que son actores fundamentales para garantizar la confianza legítima que requiere la sociedad”, agregaron las entidades en el comunicado distribuido.
Aunque no lo dicen de manera directa, hacen responsables tanto al Mintel como al regulador, la Arcotel, de profundizar la incertidumbre en el mercado. Más allá de los motivos que llevaron al Gobierno de Ecuador a suspender el proceso, las tres entidades del sector acusan a ambos organismos de no haber completado la valoración a pesar de haber transcurrido 21 meses desde la apertura del proceso de negociación iniciado en agosto de 2021 hasta la suspensión acaecida en mayo de 2023.
Subrayaron, por esa razón, la necesidad de respetar los plazos establecidos en los contratos de concesión, y de cumplir con los principios técnicos y jurídicos incorporados en la LOT pues son fundamentales “para asegurar un desarrollo sostenible y beneficioso de las telecomunicaciones en Ecuador. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector de las telecomunicaciones como un habilitador y herramienta transversal que aporta al desarrollo social, económico y productivo del país, priorizando en primer lugar el bienestar de la sociedad y el progreso del Ecuador”, concluyeron.
