La suspensión de las conversaciones en torno a la renegociación de los contratos con América Móvil y Telefónica en Ecuador ha sumido al sector en una gran incertidumbre. Luego que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) tuviera que salir a tranquilizar a la población y asegurar que los servicios de Internet y móviles seguirán estando activos, desde la asociación que nuclea a las operadoras de telecomunicaciones reclamaron que el Gobierno debe cerrar cuanto antes el proceso que inició, más allá de la particular coyuntura política que atraviesa este país.
La suspensión por hasta 120 días de las negociaciones en torno a los contratos de las dos principales operadoras de Ecuador se decidió una semana después de que el presidente Guillermo Lasso decretara la “muerte cruzada”, la figura legal por la cual disolvió el Congreso y llamó a elecciones presidenciales para resolver la crisis política suscitada entre ambos poderes. La convocatoria a la primera vuelta electoral está prevista para 20 de agosto, casi en simultáneo con el vencimiento del contrato de Claro Ecuador. El de Movistar finalizará en noviembre.
Por esta razón, desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) de Ecuador, su presidenta, Patricia Falconi, en diálogo con TeleSemana.com reclamó que el gobierno “tiene que cumplir con la responsabilidad de cerrar el proceso. Ha tenido el tiempo suficiente para recabar la información, los insumos y para que este proceso se lleve a cabo y avance, con transparencia, y apegado a la ley”. La suspensión por hasta 120 días implica que el proceso deba reiniciarse antes del próximo 20 de septiembre.
Esta situación de zozobra provocó que, en los últimos días, surgieran versiones que aseveraban que Ecuador se quedaría sin conectividad, sin servicios móviles. Y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) se vio obligado a tranquilizar este miércoles a la población y asegurar que “el servicio de telecomunicaciones se mantendrá vigente, sin interrupciones, mientras avanza el proceso de renegociación, en cumplimiento de los artículos 314 de la Constitución y 4 de la Ley de Telecomunicaciones”.
Desde CERTAL, el veedor internacional que forma parte de este proceso, Heber Martínez, su representante, aseguró este jueves en declaraciones radiales que “esta situación ya pasó en 2008” y que “es ridículo pensar que Ecuador se va a quedar sin comunicaciones”.
Despejadas las dudas sobre la continuidad del servicio, desde Asetel, su presidenta fue enfática en la necesidad de resolver la renegociación cuanto antes. “El país está atravesando un proceso bastante complicado a nivel político pero también desde el punto de vista del sector, es importantísimo que entendamos que el gobierno tiene que cumplir con al responsabilidad de cerrar el proceso. Ha tenido el tiempo suficiente para recabar la información, los insumos y para que este proceso se lleve a cabo y avance, con transparencia, apegado a la ley”.
Subrayó que, “del lado de las inversiones y la seguridad jurídica no es un buen precedente. La seguridad jurídica es fundamental porque (las de Claro y Movistar) son las dos inversiones extranjeras más importantes, que se han extendido por más de 20 años en el país. No es buena señal ni hacia adentro ni hacia afuera para otros inversores”, agregó Falconi.
Los términos de la renegociación del contrato siguen bajo confidencialidad, y no abordan sólo la cuestión del precio del espectro, sino también obligaciones de cobertura, entre otras cosas. Por lo que no es posible saber qué se ha estado conversando hasta el momento. En ese sentido, Martínez apuntó que “el análisis técnico es muy profesional. No se habla sólo de precio. La telefonía móvil da conectividad y bien usado es inclusión y posibilidad de crecimiento económico de la gente”.
Sin poder dar mayores precisiones por la confidencialidad, señaló que uno de los puntos que se venían discutiendo tenía que ver con la cobertura. “Un nuevo contrato es una nueva oportunidad para negociar más cobertura: cómo va a ser esa cobertura, qué tecnología se va a usar, porque se puede dar conectividad, pero si se va a dar con 2G se limita el acceso. Eso hay que verlo en conjunto con las compañías y con la planificación del país; eso implica inversiones de las compañías, que esas inversiones sean tomadas en cuenta para la determinación de precio y que en el medio contemplen beneficios sociales, porque no todo el mundo puede pagar una tarifa de telefonía móvil y es global la tendencia a generar tipos de tarifas para ampliar el poder conectar”, destacó, en declaraciones radiales.
Esto es relevante en un contexto donde las operadoras han ido efectuando desembolsos para expandir la cobertura, proceso que también se vio cruzado por decisiones de política pública que colaboraron en este sentido. Tal es la mirada de Asetel. Falconi destacó que en los últimos años hubieron tres grandes hitos: la eliminación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a Internet fijo y móvil, aunque falta todavía aplicarlo a la tV paga; el uso de hasta el 50 por ciento de los aporte de servicio universal y del pago por uso de frecuencias para despliegue de redes; y la eliminación del artículo 34 de la ley de telecomunicacoines -orientado a prevenir posiciones de mercado por encima del 30 por ciento-; aunque advirtió que “no han habido avances porque el poder hacer pago a través de proyectos no está listo”.
Para Falconi tampoco ha habido suficiente voluntad para asignar mayor espectro, por lo que se torna más necesario retomar el proceso de renegociación cuanto antes. Especialmente, porque este retraso también impactará en la evolución hacia 5G que, tal como están las cosas, recién podría iniciar su camino en 2024.
“Es incierta la fecha de finalización. Es importante la continuidad del servicio pero más aún que se cumpla con esta responsabilidad de retomar y cerrar el proceso, más allá del cambio de gobierno”, enfatizó la presidenta de Asetel.
“El país no puede parar, no debe parar. No es concebible que se pare el proceso que empezó hace dos años, y para el cual se debería haber preparado para asumir y cerrar en los tiempos que corresponde. La muerte cruzada es un tema político y coyuntural que no debería tener injerencia sobre un tema tan importante como la renegociación de los contratos”, concluyó Falconi.
