Con un cielo gris, este martes 29 de agosto amaneció en la Argentina expectante por los detalles de un llamado al concurso de espectro para 5G, pero cuya publicación en el Boletín Oficial (BO), mediante las resoluciones 1285/2023 y 1289/2023, y sus anexos; no alcanzó a iluminar el horizonte. Se trata de una compulsa que este lunes confirmó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pero que surge en un contexto de país muy complejo y en un escenario sectorial que tampoco es auspicioso. En ese marco, y como era de esperarse, Arsat también recibió recursos espectrales.
La reunión de directorio de este lunes fue muy celebrada dentro del organismo argentino porque logró la aprobación del llamado a concurso para evolucionar las comunicaciones en el país, junto a los operadores privados y con la banda comprendida entre los 3.600 MHz y los 3.700 MHz en juego, segmentada en tres lotes 100 MHz, con un precio de base de 350 millones de dólares y por 20 años. Inclusive, el aviso sostiene que, en el caso de quedar lotes vacantes, se los podría reasignar a Arsat, operador satelital estatal al que también se le asignaron 100 MHz, por 20 años, “para la implementación de un plan estratégico de conectividad federal del Estado Nacional, conforme las instrucciones que oportunamente reciba de su accionista”.
A partir de ahora, y durante un mes, los interesados en participar de esta compulsa podrán presentar sus ofertas, aunque las limitaciones establecen que cada uno podrá acceder hasta 200 MHz o “aquellas que posean una participación superior al 30 por ciento de las acciones de otra sociedad si, con tal participación, asume una posición de sustancial influencia en la adopción de las decisiones societarias de la misma”. Luego, cada actor precalificado deberá realizar un depósito de cinco millones de dólares para participar del acto de subasta.
A partir del 29 de septiembre, la Comisión de Preclasificación deberá estudiar las ofertas, realizar un dictamen y, en no más de 30 días, notificar sus dictámenes y la adjudicación espectral a aquellos operadores que mejores propuestas presenten. Para poner en contexto, vale señalar que, un mes más tarde de la fecha fijada para el cierre de presentación de carpetas, el domingo 22 de octubre, el país deberá enfrentarse a las elecciones generales, fecha en que la actual administración aspira a capitalizar los esfuerzos (simbólicos y monetarios) de esta contienda. El tiempo apremia y el resultado podría conocerse en las últimas semanas de octubre o, inclusive, los primeros días de noviembre.
Pero volviendo al articulado, en el quinto lugar, la normativa publicada delega al Enacom la capacidad para suspender, clausurar el concurso o las asignaciones de espectro y registro del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI), que resulten del procedimiento de subasta pero también del dictado de aclaratorias y/o modificatorias; además de la designación de quienes integren el Comité de Recepción de Ofertas Económicas, directivos y veedores.
Las importaciones de equipamiento es una problemática generalizada del sector y una preocupación permanente y, este llamado buscó subsanarlo con la creación de un régimen especial para contar con la posibilidad de importar los bienes y servicios que el despliegue de redes involucre, mediante el ya creado y cuestionado Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
¿Y las obligaciones de cobertura?
Las obligaciones de cobertura son precisas y forman parte del Anexo II, publicado por el Ente. En él se establece que en un plazo no superior a los 12 meses, los operadores deberán tener al menos una estación base operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las capitales de provincia y en las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario.
Luego, en una segunda instancia y en un plazo no superior a los 30 meses, se debería tener al menos una estación base operativa en localidades de más de 100.000 habitantes, identificadas en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022, (obviamente, aquellas que no estuvieron identificadas en la primera etapa) y ampliar la cantidad de estaciones base a una cada 100.000 habitantes, en las localidades que se comenzaron a cubrir en la Etapa 1.
La tercera etapa de cobertura, contempla que, en un plazo no superior a 48 meses se garantice la operatividad del servicio (con al menos una estación base) en aquellas localidades con más de 50.000 habitantes, y ampliar la cantidad de estaciones base en las localidades abordadas en las etapas 1 y 2.
En cinco años y medio después, o el equivalente a los 66 meses, la cobertura deberá garantizar al menos una estación base en aquellas localidades en las que haya más de 30.000 habitantes, y la ampliación de estaciones base a que exista una cada 30.000 habitantes, en las regiones ya alcanzadas en las etapas anteriores.
La última etapa de cobertura prevista, está pautada a siete años (u 84 meses desde la asignación) y prevé que para ese momento exista una estación base cada 20.000 habitantes.
Otro aspecto a destacar de la letra de este llamado es que busca resolver las problemáticas se asequibilidad poblacional, tendiente a achicar la brecha digital y establece que “cuando la tecnología utilizada para brindar STeFI sea adoptada, mediante el uso de terminales aptas para tal fin, por más del 50 por ciento de los usuarios finales del servicio, las compañías adjudicatarias asumirán el compromiso de ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos”; pero también establece las características económicas de las poblaciones a las que estaría dirigida esa oferta y establece que “podrán ser hasta un tercio del total de los usuarios, divididos entre las adjudicatarias de forma igualitaria”.
Las consultas al pliego se pueden realizar vía web, mediante este link.
