Este mediodía, y tal como se venía vislumbrando, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el llamado a subasta de 300 MHz de espectro para que la Argentina dé su primer paso hacia 5G. La forma indica que en no más de 90 días la resolución que la vehiculice formalmente debería ser publicada. TeleSemana.com pudo confirmar que mañana mismo, la información del caso será parte del Boletín Oficial.
Tal como se sabe hasta el momento, será una subasta que repartirá la banda en tres lotes de 100 MHz cada uno, cuyo precio de base rondará los 350 millones de dólares. Además, podrán participar aquellos operadores que posean un mínimo de 50.000 accesos y que ostenten un patrimonio neto superior a los 28 millones de dólares (10.000 millones de pesos, según el tipo de cambio de hoy).
Esta aprobación viene sufriendo varias discusiones puertas adentro de la entidad y cada postergación refleja las dificultades de lograr el consenso. TeleSemana.com supo -en off- que la medida no contó con el aval de Silvana Giudice y José Luis Corral, miembros de la oposición política, y a quienes esas fuentes caracterizaron como “dos irresponsables” por no coincidir con los lineamientos generales de la estrategia que adoptará el país pero, sobre todo, por apostar a que cambie el signo de gobierno y lograr que la contienda quede para la próxima administración.
La Argentina atraviesa tiempos complejos, tanto en términos macroeconómicos como sectoriales; en medio de un largo proceso electoral y de una fuerte negociación de deuda con el FMI, que lo condicionan todo. Y, lo cierto es que, como parte del recorrido hacia la subasta, hace ocho meses la Argentina dio forma a la creación del Reglamento General del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes, que regulará la utilización de esta tecnología.
La industria, a su vez, especula entre las dudas y las preocupaciones, y ni que hablar de las pujas internas. Inclusive, fueron la Cámara Argentina de Internet (Cabase) y la Cámara de Infraestructura Digital (IDA) dos entidades que se ungieron en vocerías sectoriales durante las últimas semanas y cuyos pedidos pueden resumirse en tres ideas fuerza: recuperar la capacidad para imponer tarifas (una medida que el Estado buscó intervenir a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 -DNU 690- en plena pandemia, pero que fue tantas veces judicializado que ya carece hasta de valor simbólico); fomentar las inversiones; y replantear el rol del organismo regulador para que, entre otras acciones, facilite los despliegues y posibilite la compartición de infraestructura.
Mientras se esperan definiciones, y se especula con que la aspiración sería recaudar 1.000 millones de dólares, bien cabe mirar qué pasó en otras latitudes, vecinas de la Argentina. Por ejemplo, por 300 MHz repartidos en tres bloques iguales, Uruguay logró recaudar 84 millones de dólares, no sin debates. Otros dos casos sirven para pensar estrategias, por haberse enfocado en las obligaciones de hacer, en lugar de las recaudaciones: Chile con 453 millones de dólares y el logro de reunir la cifra más importante de su historia en este tipo de acciones; y Brasil con más de 8.500 millones de dólares comprometidos en inversiones por parte de los operadores que participaron de la contienda 5G (y otros 850 millones que se fueron a las arcas públicas).
De momento, todo está por verse y esta noticia sigue en proceso de construcción.
