La Unión Europea (UE) parece tener decidido que obligará a las big tech a hacerse cargo de las inversiones en infraestructura de redes que hoy están a cargo, mayormente, de las operadoras de telecomunicaciones. El jefe de industria de la UE, Thierry Breton, decidirá en los próximos días una estrategia para activar a partir de 2024 y estará orientada a que las grandes empresas digitales financien el despliegue de 5G en ese continente.
Se trata de un reclamo añejo de las grandes operadoras de telecomunicaciones, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia y Vodafone, que lo llaman “contribución justa”. De hecho, en estos mismos días, las asociaciones que las representan volvieron a poner el tema en la agenda, en coincidencia con los números que circulan en torno al déficit de inversión en redes, estimado en unos 200.000 millones de euros. El objetivo es que Google, Meta, Netflix, Microsoft y Amazon asuman parte de las inversiones en redes porque gran parte del tráfico se debe a los servicios que brinda, particularmente, los vinculados con el video.
La expectativa inicial es que este mismo año se definiera alguna legislación en ese sentido, luego de un proceso de consulta pública realizado por el comisario francés, ex director ejecutivo de France Telecom. Ahora, la mira está puesta en el año próximo y en lo que sucederá el próximo 18 de octubre. Ese día, el funcionario expondrá los objetivos a largo plazo de la Comisión Europea, donde podría abordarse esta cuestión, según anticipó la agencia Reuters.
Las versiones señalan que es posible que en esa exposición se refiera a la preocupación por los movimientos que los fondos de inversión están realizando en el mercado de las telecomunicaciones. A finales de este mes habrá, justamente, un encuentro que reunirá a las empresas de capital privado con los ministros de telecomunicaciones para abordar esta problemática. El encuentro se realizará en León, España, entre el 23 y el 24 de octubre.
Que el sector de las telecomunicaciones europeo esté tan activo en relación a este tema durante estos días responde a un factor concreto: en noviembre próximo finaliza el mandato de la actual Comisión, y se necesitan definiciones urgentes. El lobby está encaminado a que lo que se disponga ahora comience a ejecutarse a partir del año próximo.
