Reforma normativa, no por ahora… falta debate; proyecto satelital, sí. Ese es el resumen actualizado. ¿Qué pasó? De todo. Este lunes 28 de abril, el Senado tenía previsto aprobar la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión pero eso no sucedió porque -según dicen en el radiopasillo- fueron muchas las críticas y el debate demandó más tiempo. Lo que sí sucedió fue la presentación del Programa Espacial Mexicano que contempla la puesta en órbita de un nuevo satélite geoestacionario y la creación de una constelación de órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés) sobre el que también hay cuestionamientos.
Un programa ¿espacial o satelital?
La Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2025 fue el ámbito elegido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para presentar el Programa Espacial Mexicano, que prevé la puesta en órbita de un nuevo satélite geoestacionario (que se sumará al Morelos y el Bicentenario) y la creación de una constelación en órbita baja, de cara a conectar a unas 3.000 localidades, garantizar la comunicación satelital en las zonas remotas del país y posibilitar el monitoreo ambiental mediante imágenes satelitales.
En ese marco, Brenda Escobar Méndez, directora general satelital de la ATDT, explicó que las capacidades satelitales se incrementarán 20 veces para dar conectividad a las zonas más alejadas y de difícil acceso del país, mediante infraestructura pública; a la vez que apuestan a que el gobierno cuente con servicios de voz y datos en áreas valoradas estratégicas, como es el caso del Tren Maya y las sucursales del Banco del Bienestar.
Inclusive, el programa avanza en la construcción de alianzas con las agencias espaciales de Estados Unidos y de la Unión Europea, con el objetivo de lanzar el primer satélite construido en México, entre 2028-2029.
En el marco de la presentación, la funcionaria precisó que se aprovechará la experiencia y la infraestructura que ya se posee el país para crear un laboratorio de procesamiento de imágenes, con el objetivo de poder utilizar los servicios de telemetría que consume el Gobierno. Y subrayó, además, que el aeroespacial es uno de los sectores prioritarios para consolidar al país entre las primeras 10 economías del mundo.
Todo forma parte del Plan México 2030, una iniciativa presentada por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum que -disponible aquí– propone desembolsar inversiones por 277.000 millones de dólares hasta el fin de la década además de crear 1,5 millones nuevos puestos de empleos y ubicar al país en el top 10 de las economías globales. Además, busca elevar al 25 por ciento los niveles de inversión respecto al PBI a partir de 2026 y por encima del 28 por ciento cuatro años después. La producción local también es parte del plan y prevé incrementarla en 15 por ciento en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros. Sin olvidar lo vinculado con la producción de vacunas, el cuidado del medioambiente y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad.
Pero volviendo a la presentación del plan satelital, las palabras de agenda espacial y de achicamiento de la brecha digital a través de una infraestructura de comunicaciones pública, y hasta del derecho a la conectividad por parte de las poblaciones, sonaron prometedoras en la voz de la funcionaria. Sin embargo, este proyecto es muy debatido desde el comienzo.
A inicio de año, el gobierno había anunciado la integración del Sistema Satelital Mexicano (MexSat) y la Agencia Espacial Mexicana (AEM), dentro de la ATDT, y fueron los propios trabajadores de la AEM quienes destacaron a TeleSemana.com que había capacidades que no eran contempladas en el traspaso. La mirada crítica, en este caso, apuntaba a advertir -aún a pesar de las expresiones oficiales contrarias- que la apuesta significaba virar todos los esfuerzos y el presupuesto a la industria de las comunicaciones para abandonar la exploración espacial.
Aquella charla se dio meses después que se reglamentara el funcionamiento de la ATDT y que el astronauta y referente sectorial Neri Vela planteara lo alarmante de la decisión, sobre todo, por entender que la fusión iría en desmedro de la estrategia espacial del país.
Imagen creada con ChatGPT
Escobar Méndez precisó detalles sobre la constelación LEO para la observación terrestre, y ponderó el lugar destacado que ocupará el sistema educativo local, tanto para la formación de perfiles profesionales como para articular iniciativas con el sector privado; y adelantó que el lanzamiento podría concretarse en 2027. ¿Llegarán?
¿Y la nueva Ley Telco?
Se aplaza para mayo o junio, cuando se hagan sesiones extraordinarias. Según cuentan las crónicas locales, las críticas a la iniciativa y los plazos escuetos para analizar la letra al detalle terminaron por mover los plazos. Todos los artículos estarán sujetos a cambios y la iniciativa volvió a comisiones.
Conocida como Ley Telco, el proyecto de actualización regulatoria que se debate en el país contempla licitar espectro para 5G antes de fin de año, habilitar que Altán pueda dar servicios a usuarios finales y amplía la potestad para que el Ejecutivo decida en materia de competencia y de despliegue de redes. Pero no sólo eso. Buena parte de los cuestionamientos se entienden con claridad mediante sus apodos: Ley censura o Ley mordaza.
La idea de que el Ejecutivo tenga mayores facultades sobre el sector, inclusive luego de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hace ruido; también la posibilidad de bloquear las plataformas digitales, previsto en el artículo 109; la definición que hace de la plataforma digital y las implicancias que podrían afectar la neutralidad de la red, suman ejemplos.
Entre las tantas voces disonantes que se expresaron sobre la letra, se encuentran la de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que advirtió que hay disposiciones que amenazan la privacidad y la libertad de expresión y señala que intenta crear un registro de usuarios móviles, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue muy cuestionado en 2022 y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Medidas como éstas se discuten en otras latitudes, como es el reciente caso de Perú y Honduras, por citar dos.
Imagen: Eksley/Flickr
Pero también apunta a cuestiones vinculadas a dar al Estado la potestad de bloquear, cancelar o anular señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, aunque sin precisar y documentar el contexto de las atribuciones, y hasta de neutralidad de la red.
“Hacemos un llamado a que el Senado considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para corregir y subsanar la redacción de la iniciativa, como ha reconocido la propia presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo esta asociación en un artículo. Allí agregó que “los términos actuales de la ley conllevan riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para no aprobar mediante fast track una iniciativa que pueda afectar los derechos humanos de las y los mexicanos”.
La Alianza para una Internet Abierta (AIA-LAC) también encendió las alarmas al alertar que esta propuesta legislativa significa riesgo. “El proyecto de ley implica una transformación estructural de la gobernanza de las telecomunicaciones, de la arquitectura y del funcionamiento de Internet. Muchas de sus provisiones plantean un conflicto con derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información, con las obligaciones establecidas en tratados internacionales y con las mejores prácticas y estándares internacionales” dijo en un comunicado. Mencionó que “también habría importantes repercusiones en términos de innovación, inversiones, competencia y protección de usuarios”.
Con todo, el tiempo para profundizar el debate se extendió. Se ha decidido abrir “un proceso de diálogo abierto, plural y constructivo con todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados e interesados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, dijo el Senado.. y esa es, a priori, una buena noticia.
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