Se trata de la Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, muchas veces nombrada como Ley SIM, que suscita un sin fín de discusiones porque, aunque aboga por combatir la extorsión y los delitos, encendió las alertas al ser señalada por perjudicar la privacidad y la inclusión digital. El punto de partida sería la creación de un padrón de los usuarios móviles y su sanción podría concretarse en los próximos días, luego de lograr su aprobación en el Congreso Nacional de Honduras.
El conflicto parece darse cuando se conjugan la seguridad con la obligatoriedad de identificarse. Tras el surgimiento del debate en torno al uso de la telefonía celular con fines ilícitos suscitado en 2022, la prensa local recordó que las denuncias por extorsiones realizadas vía teléfono celular habían tocado niveles históricos en 10 años, al totalizar las 1.824 y exhibir incrementos interanuales por encima del 150 por ciento.
Entre las medidas que la primera mandataria del país, Xiomara Castro, anunció en ese momento se incluyó la intervención de los centros penitenciarios (por comprobar que muchas de las llamadas extorsivas provenían de allí), pero también se planteó la necesidad de tener un registro del uso de los servicios de las telecomunicaciones al que poder acudir, por ejemplo, ante la necesidad de realizar una investigación. Sin embargo, buena parte de las críticas difundidas advirtieron sobre este punto que queda “abierta” la posibilidad de requerir una orden judicial.
Hasta la fecha, en el país no existe una validación de quienes adquieren y usan tarjetas SIM y, por ello, esta propuesta legislativa busca crear una Base de Datos Nacional de Usuarios de Telefonía, en la que los operadores dejen registrada la venta y activación de una tarjeta SIM, incluyendo los detalles comerciales de uso (si se trata de una línea prepaga o pospaga), además de la validación biométrica del usuario. Y, en caso de robo o pérdida del dispositivo, la persona tendría la potestad de bloquear su uso y estaría prohibida su reutilización.
En tren de responsabilidades, la propuesta establece que los encargados de controlar este mecanismo serían la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto al operador público, Hondutel.
¿Qué dice la GSMA?
“Para la GSMA, la asociación global de la industria móvil, la aprobación del texto actual de la norma representaría un riesgo para los derechos de los usuarios y una involución para la regulación del sector en Honduras”, dijo en su comunicado el organismo y recordó experiencias que, iniciadas en otros territorios, no prosperaron aún a pesar de las insistencias. Por ejemplo, México.
“En la experiencia internacional de la GSMA, además de imponer requisitos técnicos inviables de implementar para los operadores, la evidencia empírica muestra que los proyectos de este tipo no contribuyen al objetivo para el que son creados: combatir la actividad delictiva y criminal. Como ejemplo, en México los registros de usuarios fueron discontinuados por falta de resultados”, continuó la misiva publicada.
En su crítica, la GSMA, advirtió que la base de datos de usuarios móviles que se cree a su calor “será administrada por actores gubernamentales cuyos marcos regulatorios no les atribuyen estas funciones” pero también cuestionó que “obligaría a los operadores móviles a entregar información sobre las comunicaciones de sus clientes sin que medie una orden judicial”.
“Estas medidas abren las puertas a la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos de la población hondureña”, alertó severamente la GSMA que se puso a disposición del sector y de los funcionarios para “contribuir con el debate de un texto de ley para el beneficio y protección de todos los hondureños”.
Con todo, este debate recuerda al ya discutido en México, con el PANAUT.
La experiencia mexicana comenzó en abril de 2021 y se la presentó como Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Su objetivo fue crear una base de datos con información biométrica de las 120 millones líneas telefónicas celulares vigentes (pero también las futuras), aunque por muchos cuestionamientos formales terminó por ser considerado inconstitucional en 2022 y anulado por orden de la Suprema Corte de Justicia del país. Sin embargo, hace cuatro meses la presentación de un proyecto oficial, titulado Ley General de Operación de los Registros Civiles, pareció reavivar aquellas discusiones.
