Como un prisma, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones involucra muchos desafíos y aspectos en la latitud que sea que se aborde. Sucede que tanto las inversiones como las regulaciones impactan de igual modo al ser habilitadoras o no del avance de los tendidos. Inclusive, y sobre todo, en una región en la que la actualización tecnológica que habilitan las subastas de espectro para la quinta generación móvil apunta a generar oportunidades que permitan paliar las desigualdades que persisten, tanto en las dinámicas productivas como también en materia de brechas digitales.
¿Cómo se resuelve la discusión entre municipios y gobiernos federales sobre las lógicas y los criterios de los despliegues? ¿Por qué las emisiones no ionizantes siguen preocupando a las poblaciones, sobre todo rurales? ¿Cómo se mantienen las iniciativas estratégicas de país, con sus normativas ad hoc, más allá del término de la administración de gobierno que la mentó?
En la Argentina, hay varios casos de despliegues de infraestructuras cuya objeción municipal llevó a que la Justicia dirimiera el tema y donde los fallos favorecieron a las operadoras. Pero no sólo eso. El Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) acaba de publicar una resolución en la que destina 60.000 millones de pesos argentinos (casi 50 millones de dólares) del Fondo de Servicio Universal (FSU) para facilitar el despliegue de una red mayorista neutral basada en 5G de acceso fijo inalámbrico (5G FWA) tendiente a llegar con conectividad a zonas desatendidas o de infraestructura limitada. Y, aunque no aclara nada sobre la empresa satelital local, todo parece señalarla.
En Costa Rica, a su vez, la actual administración de gobierno trabaja en la implementación de una normativa sancionada por la gestión anterior que promueve el despliegue de infraestructura, y que requiere del compromiso de los municipios. Y en esa generación de consensos se trabaja, en horas en que se espera el banderazo final para iniciar el despliegue de 5G, último capítulo de la subasta de espectro.
Argentina no puede unificar criterios
En la Argentina hay más de 1.500 municipios y varios casos de despliegues cuya objeción regional llevó a que la Justicia dirimiera el tema. Y aunque la Corte Suprema ya se expresó alguna vez con criterios generales (como que una ley municipal no puede ir en contra de una federal o que no puede haber un reglamento unificado para determinar dónde va o no una antena), fallos recientes favorecieron al avance de las operadoras.
En diálogo con TeleSemana.com, Agustín Garzón, abogado del sector, consultor en telecomunicaciones y director del Enacom durante la administración de Mauricio Macri, contó que en el país se presentó un proyecto regulatorio que toma como doctrina la lógica de la Corte Suprema por la que prevalece la normativa federal (la Ley de Telecomunicaciones, N°19.798, y la Ley TIC N° 27.078), de cara a lograr un ordenamiento de los despliegues, sobre todo de antenas de servicio móvil, pero también de infraestructura fija (ya más vinculada a la compartición de postes).
Hace un mes, la Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó la inconstitucionalidad de la ordenanza 8281/2013 del Municipio de Esteban Echeverría, en el conurbano sur de la Provincia de Buenos Aires, mediante el que se regulaba la instalación de estructuras soporte de antena, por hacer prevalecer las competencias del Estado Nacional. Este fallo, a favor del despliegue de Telefónica también involucró la eliminación de las multas por infracción, como desestimar argumentos medioambientales y de ordenamiento territorial local.
En Pehuajó, pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, a su vez, hubo un conflicto entre el ISP MEGA SAT y la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó por el uso de infraestructura pasiva y donde se confirmó, vía legal, la prevalencia del derecho federal en materia teleco.
Al respecto, Garzón explicó que “el uso de los postes está abierto para quienes lo quieran usar, esa es la lógica de competencia que más beneficia a la gente y que, muchas veces, cuando los municipios son dueños de los postes, impiden el ingreso de los nuevos operadores. Para estos casos, el Enacom tiene un mecanismo de mediación, que surge del Reglamento de Interconexión, y alrededor del que ya hubo cerca de 100 casos que fueron resueltos”.
¿Arsat se transforma en una red neutral?
Si de tendidos telco en Argentina se habla, el de Arsat es emblemático por su robustez y capilaridad: la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que dispone de 32.804 kilómetros iluminados, dos satélites geoestacionarios en órbita y uno tercero en construcción (aunque ya fueron conocidas las denuncias de desfinanciamiento); además de un datacenter, una apuesta nacional por garantizar la Televisión Digital Terrestre (TDA) y su participación en tendidos de cables submarinos.
Por estas horas, el Enacom publicó la Resolución 951/2025 en la que puso a disposición el FSU (replanteado desde hace unos meses al haberlo desarticulado del arca nacional pero discutido desde hace tiempo) para facilitar el despliegue de una red mayorista neutral basada en 5G de acceso fijo inalámbrico tendiente a llegar con conectividad a zonas desatendidas o de infraestructura limitada.
Y aunque en esa letra no la nombre de forma explícita, cuesta no pensar en Arsat. TeleSemana.com adelantó hace dos meses el deseo de sus trabajadores de convertirse en una red neutral, hecho que parece confirmarse cuando el Anexo de esa resolución afirma que esta medida busca “contribuir al desarrollo federal del sistema de telecomunicaciones, apoyando el acceso equitativo a redes de nueva generación en todo el territorio nacional, así como fomentar el despliegue y la extensión de la Refefo, creando nuevos puntos de acceso, ampliando su capacidad y actualizando su equipamiento de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones”.
Lo publicado este martes en el Boletín Oficial y su Anexo -disponible aquí– anuncia que se facilitará el despliegue de una Red Mayorista Neutral como también el acceso a la conectividad mediante la tecnología 5G, en zonas desatendidas o con infraestructura limitada dentro de la República Argentina, a través del financiamiento y/o entrega de equipamiento de red y/o software, destinado a Licenciatarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con registro de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), Servicios de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI) y/o de Valor Agregado de acceso a Internet (SVA/SVA-INT).
Agrega que la expansión de la cobertura de redes de alta capacidad (especialmente 5G) se dará “mediante el financiamiento total o parcial en la adquisición de equipamiento necesario para la instalación de nodos de red o despliegue de redes de última milla”, de cara a “impulsar el despliegue de una Red Mayorista Neutral, sustentada en principios de apertura, interoperabilidad y uso compartido, que permita optimizar recursos, facilitar la entrada de nuevos actores y mejorar la eficiencia del ecosistema TIC”.
Además, reducir la brecha digital, estimular la inversión público-privada y la cooperación institucional, mejorar la calidad de los servicios y fomentar la compartición de infraestructura.
Lo que esta resolución no precisa es el espectro radioeléctrico que se utilizará, otro motivo para suponer que se trata de Arsat que, por ejemplo, dispone del asignado por el Estado al calor de la subasta 5G, aún a pesar de los anuncios de relicitarlo y de privatizarla.
“Los fondos de servicio universal, al mejor lugar que pueden ir, es a mejorar la conectividad al interior del país y las localidades más chicas, lugares que no suelen ser muy rentables para los operadores”, celebró Garzón sobre esta medida.
Foto creada con ChatGPT
Costa Rica: consensos, alfabetización y foco en la estrategia
Costa Rica, a su vez, apunta a que el 5G en general (y el FWA, en particular) los ayude a resolver problemas estructurales de conectividad, por ejemplo, en zonas de difícil cobertura y aún a pesar del gran tendido de fibra del que disponen. Hay zonas de islas, por ejemplo, donde el inalámbrico es la mejor opción.
Pero más allá de la tecnología, está la necesidad de unificar criterios de despliegues con los municipios. En enero de 2024, durante la anterior administración de gobierno, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) emitió el Decreto Ejecutivo N° 44335 para incentivar y promover la construcción de infraestructura telco, como torres, postes, ductos, edificios y/o sus azoteas, además de mobiliario urbano.
Para formular ese decreto hubo debates técnicos y procedimentales, signados por la redacción del texto normativo, pero también consultas públicas y revisiones interministeriales de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
El resultado fue una normativa nacional, con criterios estandarizados que requiere del acatamiento por parte de todos los gobiernos locales. Para lograr esos consensos y facilitar el despliegue de 5G, los funcionarios se reúnen con sus pares del interior del país para facilitar la interpretación e implementación, y se realizan talleres temáticos ad hoc.
Micitt
De los 84 municipios ya hubo reuniones con unos 50 y se logró la adhesión de 40 de ellos (pintados de verde en el mapa). “Los gobiernos locales que han adoptado el decreto han comprendido que su aplicación no contraviene el ejercicio de la autonomía municipal, sino que constituye una herramienta normativa que contribuye al quehacer municipal y agiliza los procesos de despliegue de infraestructura. Este avance es especialmente relevante ante el próximo despliegue masivo de redes 5G, que requerirá una mayor densificación de infraestructura para la provisión eficiente de servicios, especialmente en distritos del país con baja o nula conectividad”, dijeron los funcionarios del viceministerio de Telecomunicaciones a TeleSemana.com.
Inclusive, advirtieron que “los municipios reconocen que su adopción contribuye a la inserción efectiva de las comunidades en la economía digital y a la reducción de la brecha digital”.
¿Y el karma?
¿Cómo logró Costa Rica revertir el karma de cambio de rumbo tras la asunción de la nueva administración pública? Hannia Vega, consultora internacional, ex viceministra de Telecomunicaciones y ex funcionaria reguladora, en diálogo con TeleSemana.com, apostó a tres posibles razones. “Primero, que la legislación nacional obliga a fijar un plan de desarrollo para la industria y ecosistema. Cuando hicimos el primer plan, en el 2009 definimos el plazo de 5 años y con ello rompimos el ciclo electoral”, dijo.
“Segundo, que la legislación obliga a que el plan no sea de escritorio. es decir, obliga a la consulta con la industria y el ecosistema y allí creo es donde se logra una visión pragmática” agregó la consultora. Como tercer punto señaló que, excepto en su caso -porque fue la primera jerarca de telecomunicaciones del país- “generalmente el cargo ha sido asumido por exfuncionario del vice ministerio y eso da una visión más estable, aunque cada uno tiene su tono”. Como se observa, hay un ejercicio digno de ver.
¿Y las radiaciones no ionizantes?
La cuestión medioambiental y de la salud poblacional están muy vinculadas a la reticencia de los municipios, sobre todo por el temor que ocasionan las emisiones no ionizantes y la radiación de las antenas. Y esto sucede en todas las latitudes.
Imagen: NEC/Flickr
Para el abogado argentino, Garzón, se trata de un planteo sin fundamentos científicos a la vez que subrayó que el Enacom controla de forma diaria estas emisiones y que nunca se registraron por encima de los valores permitidos. En este punto, cabe preguntarse, qué posibilidad concreta de control puede tener este organismo que sigue intervenido y que fue achicado de forma exponencial.
Este tema también está presente en Costa Rica y los funcionarios del Micitt recordaron que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “no se ha comprobado que las radiaciones no ionizantes -como las emitidas por estos dispositivos- generen efectos adversos para la salud humana, siempre que se mantengan dentro de los límites establecidos por los organismos técnicos internacionales”.
“No obstante, comprendemos que en la ciudadanía persisten dudas sobre este tema. La discusión pública al respecto continúa, en parte, por desinformación o por la circulación de contenidos sin respaldo”, agregaron.
En ese sentido, aseguraron que trabajan junto al Ministerio de Salud en la actualización del marco regulatorio nacional mediante el Decreto Ejecutivo N.° 44737-S-MICITT, publicado en noviembre de 2024, en el que se establecen los límites de exposición a los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes en Costa Rica. Allí se adoptaron las recomendaciones actualizadas de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), validadas por la OMS, y que cubren tecnologías como 5G, Bluetooth y Wi-Fi.
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