El Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) imprimió fuertes recortes a su estructura. El regulador argentino, que funcionó entre diciembre de 2015 y marzo de 2024 con 30 delegaciones desplegadas en todo el país y con una planta de unas 2.070 personas, acaba de iniciar abril con el cierre de dichas dependencias, el despido de 500 trabajadoras y trabajadores, el cese de programas oficiales de conectividad y la desfinanciación de proyectos ya adjudicados a redes comunitarias.
El miércoles 27 de marzo, coincidente con el último día hábil del mes, el Enacom dio a conocer la Resolución 7/2024 (disponible aquí) en la que adelantaba el cierre de todas las dependencias que le permitían tener capilaridad en el territorio y, con ello, una mirada federal. El texto se publicó el miércoles 3 de abril, luego de un extenso feriado en la Argentina, en el Boletín Oficial.
Para la actual gestión de gobierno, el fundamento de la determinación se basa en que todos los trámites “que se hacían en forma presencial se pueden realizar sin inconvenientes de forma digital”, al tiempo que identificaron que “el volumen de los trámites que se realizaban en las delegaciones disminuyó considerablemente en el último tiempo” y que “los Centros de Control de Enacom seguirán funcionando como así también las tareas de control y fiscalización”.
¿Cuál será el rol que tendrá el Ente? Según las definiciones a las que pudo acceder TeleSemana.com, “será un organismo técnico, profesional y dinámico, con un rol fuerte sobre la exigencia de un marco normativo simple y previsible, de un mercado en competencia, que permita sentar las bases para el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la economía digital”.
La pregunta aquí es cómo se podría garantizar la continuidad de las tareas de control y fiscalización, sin la presencia territorial en un país tan extenso como el argentino.
A modo de contexto, la resolución 7 recuerda que el Enacom se instauró para dejar atrás su corta vida como Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Afsca), tras el largo debate social que involucró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 de 2009; y que tenía la misión de garantizar una sede en toda ciudad que tuviera más de 500.000 habitantes. Allí justifica el cierre de las dependencias al señalar que “atento a la simplificación y automatización de los procesos, las Delegaciones han perdido relación de proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras”, que “resulta necesario proceder al cierre operativo de las delegaciones provinciales” y que estableció “un período de transición de 60 días” para reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales, al tiempo que una “dotación mínima de agentes” realizaría el cierre e inventario patrimonial de cada caso.
Inclusive, en su segundo considerando, la resolución recuerda que en sus primeras semanas de gobierno, la actual administración dispuso la intervención del organismo, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por 180 días corridos, y la designación del interventor y sus adjuntos; algo que finalmente ocurrió: desde hace dos meses, Juan Martín Ozores es el interventor, aún con el pedido de revocación manifiesto por la oposición política del país.
En este punto, cabe recordar la reciente judicialización y declaración de nulidad del DNU 690, que la actual administración daría por tierra. Fue un instrumento que puede ponderarse como bien intencionado al buscar paliar la asimetría de acceso a las comunicaciones por parte de la población argentina en la pandemia pero que se instrumentó a través de un concepto antagónico, signado por nombrar a los servicios de telefonía celular y fija, de Internet y de televisión paga como “servicio público esencial y estratégico en competencia. Si, debían estar en competencia pero con regulación tarifaria en simultáneo y eso sólo propició el debate y el malestar puertas adentro de un sector que desde la década del 90 se regía por la lógica de mercado.
¿Qué pasó con las iniciativas de conectividad? En este caso, fue la Resolución 6/2024 -disponible aquí– la que anuncia que la intervención deja sin efecto diferentes resoluciones que se crearon para articular mecanismos de conectividad, por ejemplo, para Barrios Populares e iniciativas ya adjudicadas a redes comunitarias, con recursos del Fondo de Servicio Universal (FSU).
Aunque la resolución señala el cese de una veintena de otras resolución anteriores que daban vida a iniciativas de conectividad, no lo habría derogado todo pues muchas de ellas estarían en proceso de evaluación, según pudo saber TeleSemana.com. Fuentes en off dijeron que la derogación alcanzó al aumento de los montos destinados a los programas de conectividad en barrios populares y a las redes comunitarias, caracterizados por el Programa para el desarrollo de infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y el Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet a través de Redes Comunitarias Roberto Arias.
En el caso de las iniciativas en barrios populares, por ejemplo, se plantea el problema de la sobrevida económica, dado que se había gestionado una ampliación presupuestaria ya que existen más compromisos que dinero disponible. Y,aquí, cabe advertir que la inflación interanual entre marzo de 2023 y 2024 fue del 276,2 por ciento, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) del país.
El programa de redes comunitarias Roberto Arias -cuya información oficial aún está disponible en el portal del Enacom- involucra la adjudicación de aportes no reembolsables (ANRs) a personas jurídicas para el desarrollo de infraestructura de Internet a través de redes comunitarias. En ese marco, se habían aprobado más de 140 iniciativas para conectar a alrededor de 2.100 barrios populares pero que se habría reducido a 128 con un alcance a 1.800 barrios.
Entre las iniciativas derogadas, estarían aquellos proyectos que no tenían el convenio firmado, sobre todo, porque fueron aprobados en la última reunión de directorio del Enacom de la anterior gestión, en noviembre de 2023. Por ejemplo, las otorgadas a la Asociación Civil Casa Caracol (Res. 2043/2023), a la Asociación Civil Caminos del Norte (Res. 2103/2023) y El Espinillo Asociación Civil (Res 2044/2023.
Las redes comunitarias son estrategias a las que buena parte de la región comenzó a recurrir para achicar la brecha digital, en términos de acceso a la conectividad pero también en lo concerniente a la creación de habilidades digitales. Ejemplo de estas apuestas avanzan en Colombia, Brasil y República Dominicana.
En la Argentina, experiencias como la de Altermundi y Proyecto Kuenk, ambas en la Ciudad de Buenos Aires, ofrecieron ejemplos claros de la potencialidad de llegar con Internet de calidad e iniciativas de inclusión real a aquellos rincones del territorio que, urbanos o rurales, no son de interés para el mercado privado.
Las noticias se inscriben en una coyuntura macro compleja, donde los despidos masivos, el cierre de dependencias públicas y el inicio de un proceso privatizador de empresas públicas fueron parte de las promesas de campaña de la actual gestión de gobierno y cuya ejecución está en el cotidiano.
Sin ir más lejos, organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), entidad con alta valoración internacional por su desarrollo en Investigación y Desarrollo (I+D) está en el foco del conflicto por su desfinanciamiento, al punto que la comunidad científica mundial, caracterizada por 68 premios Nobel, se pronunciaron haca algo más de una semana en una misiva oficial para evitar su desmantelamiento.
La carta comenzaba así: “Le escribimos con respeto y profunda preocupación. Observamos cómo el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desalientan las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo. Vemos con preocupación la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y otros institutos en todo el país, y la terminación anticipada de muchos contratos el próximo mes. Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del Conicet y las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”.
