Que no existen fallas de mercado, ni congestión de red que justifiquen la imposición de tarifas a los proveedores de contenido y aplicaciones (CAPs); que la industria móvil regional es lo suficientemente próspera como para imponer la necesidad de avanzar hacia un mercado de dos caras, y que las inversiones en redes no son sensibles al tráfico, son algunas de las conclusiones a las que arribó SmC+ Consulting en un reporte realizado para la Alianza por una Internet Abierta (AIA), donde abona argumentos a una vieja discusión.
El reporte titulado “Fair Share: ficción y realidad – Aportes fundamentales al debate de las tarifas de red en América Latina”, al que TeleSemana.com accedió en exclusiva, da cuenta del escenario global y regional, regulatorio y de negocio, para concluir que son insostenibles los argumentos con los que la industria telco justifica la necesidad de implementar el pago por el uso de las redes.
Allí se desmiente la idea de que Internet sea un “bien común” y apunta de lleno con el tema de la sostenibilidad económica de los tendidos: señala a los operadores por ejemplo, por monetizar el uso que dan sus usuarios a través de las tarifas que éstos mismos pagan. Inclusive, subraya que la salud financiera no está en riesgo, que las inversiones en redes no crecieron a la par que la demanda de datos y que el ecosistema de Internet se gestiona eficazmente a través de acuerdos de interconexión voluntarios y simétricos (del 99,9996 por ciento). En ese sentido, plantea la necesidad de una intervención regulatoria.
Pixabay – Geralt
Para este documento y sus creadores, el principal desafío de la región pasa por la brecha de uso, donde el contenido relevante y la alfabetización digital son cruciales, y no por la cobertura en sí; y dispara que la imposición de tarifas de red podría generar distorsiones significativas, desincentivar la inversión, afectar la neutralidad de la red y frenar la innovación y la inclusión digital.
Argumento por argumento
A lo largo de sus más de 50 páginas, el reporte concluye que “el esfuerzo de los operadores de telecomunicaciones por convertirse en Digital Telcos, obtener fuentes adicionales de ingresos adoptando un modelo natural de mercado de dos lados y/o modernizar regulaciones heredadas, prescriptivas y estrictas son, sin duda, objetivos valorables. Sin embargo, la defensa del fair share carece tanto de evidencia teórica como empírica suficiente que respalde que esta medida podría beneficiar a alguien más que a ellos mismos”.
Inteligencia artificial – Crédito: Pixabay – Yamu Jay
En ese sentido, advierte que la imposición de tarifas de red se traducirá en un impacto negativo y lo resume en ocho grandes conclusiones. Por ejemplo, que “la cadena de valor de Internet está creciendo” y que “la participación de cada segmento no debe abordarse mediante intervención artificial”. En ese sentido, advierte que “la inversión en redes genera externalidades positivas, al igual que lo hacen otras partes de la cadena de valor, como la inversión en contenidos o dispositivos. Agrega que nada justifica que un segmento deba ser especialmente recompensado por sobre el resto ni que, en última instancia, su modelo de negocio o su sostenibilidad sean subsidiados por otros como si fuera el único elemento crítico de la cadena”.
Inclusive, advierte que “los ISPs son remunerados regularmente por los usuarios fnales por el acceso a la conectividad (y más aún por un mayor uso de datos o mayores velocidades). Por lo tanto, sería injusto hablar de sobreuso cuando en realidad esto es monetizado por los propios ISPs. No hay evidencia de congestión, y la degradación del servicio ha sido abordada mediante regulaciones de calidad de servicio (QoS) luego de medidas estrictas contra los operadores”.
Pero no sólo eso. También destaca que los ingresos de la industria móvil en América latina y el Caribe están en alza, que pasaron de los 55.000 millones de dólares en 2016 a los 73.000 millones de dólares en 2024, que el ARPU aumentó y que el margen EBITDA “se mantuvo robusto, superando consistentemente el 35 por ciento para los principales actores”.
Advierte, además, que existen cinco amenazas que valora “clave” para la salud económica de las telecomunicaciones, entre las que destaca las inversiones de capital en 5G y TI, la consolidación de los proveedores, el valor del espectro, las regulaciones y las estructuras de mercado. Por ello subraya que “la sostenibilidad de la industria móvil no depende únicamente de su transformación general, sino también de la reducción de los costos del espectro y de aliviar cargas regulatorias innecesarias”.
“El buen contenido genera tráfico (y también ingresos). Esta es una externalidad positiva de la que se benefician las empresas de telecomunicaciones, y por eso promueven las ofertas de zero-rating”, dice el documento y apunta a otro tema sensible de la ecuación que concluye con una idea categórica: “imponer tarifas de red es una mala idea que conlleva una larga lista de impactos negativos potenciales”.
“El debate sobre las tarifas de red parte de premisas sesgadas que no reflejan plenamente la realidad de nuestro ecosistema digital y plantea riesgos que podrían afectar la innovación, la competencia y los derechos digitales en la región. Desde la AIA promovemos un ecosistema de Internet abierto, resiliente y colaborativo, que continúe siendo un motor de desarrollo económico y social”, dijo Mercedes Aramendía, directora ejecutiva de la AIA, quien abogó por adoptar otro enfoque.
Con todo, buena parte de estas ideas van en contra de los planteos generales de las compañías de telecomunicaciones como, por ejemplo, los presentados por la GSMA en el MWC2025, aunque al mismo tiempo ya hay iniciativas de operadores que se proponen como alternativas superadoras al debate que impone el fair share.
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