La Comisión Europea (CE) y la Casa Blanca han anunciado un nuevo acuerdo comercial que, de materializarse plenamente, promete aliviar tensiones arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Firmado políticamente el 27 de julio por Ursula von der Leyen y Donald Trump, el pacto establece un marco general de cooperación económica que abarca desde aranceles industriales hasta normas sanitarias, pasando por sectores tan estratégicos como la energía, los semiconductores y la tecnología digital —este último que impacta a las telco—.
Aunque todavía no es legalmente vinculante, el acuerdo ya tiene implicaciones visibles. Por un lado, establece un techo arancelario único del 15 por ciento en Estados Unidos para casi todas las exportaciones europeas, incluidas las del sector automotor, que hasta ahora enfrentaban tarifas combinadas de hasta 27,5 por ciento. A cambio, la UE abrirá más su mercado a productos agrícolas e industriales estadounidenses y se compromete a compras energéticas y tecnológicas por valor de cientos de miles de millones de euros.
Pero entre los muchos puntos del acuerdo, uno en particular ha generado incomodidad en las operadoras europeas: la inclusión de una cláusula —destacada por el comunicado de la Casa Blanca— que afirma que la UE “no adoptará ni mantendrá tarifas por uso de red”. En otras palabras, el principio del “fair share” que ha sido defendido durante años por compañías como Orange, Deutsche Telekom (DT), Telefónica y Vodafone, parece haber quedado al margen de la agenda bilateral.
Las telcos europeas han presionado insistentemente para que plataformas digitales como Netflix, Google o Meta contribuyan económicamente al despliegue y mantenimiento de las redes que consumen masivamente. Esa demanda, aún sin forma concreta, se había colado en el debate político bajo el paraguas del Digital Networks Act. La inclusión de un rechazo expreso a estas tarifas en un acuerdo comercial con Estados Unidos no impide legalmente que la UE legisle en ese sentido, pero sí dificulta el terreno político para avanzar en esa dirección.
La CE ha respondido con cautela. Subraya que el acuerdo no tiene carácter legal obligatorio y que cualquier legislación futura seguirá los cauces habituales. También ha negado que se haya comprometido a excluir normas sobre fair share en el marco legislativo europeo. Sin embargo, los operadores ven cómo una de sus principales demandas pierde fuerza justo cuando más atención mediática y regulatoria había conseguido.
Desde la óptica de Washington, el acuerdo representa una reafirmación del enfoque estadounidense en defensa de los gigantes tecnológicos. El texto destaca el mantenimiento de la política de “cero aranceles” sobre transmisiones electrónicas y la oposición a cualquier forma de lo que considera “barreras digitales injustificadas”. Con este gesto, la administración Trump asegura protección regulatoria a sus “campeones” digitales, mientras obtiene concesiones arancelarias e impulsa exportaciones energéticas y tecnológicas a gran escala.
Para las telcos europeas, el nuevo entorno confirma una realidad ya conocida: la batalla por el fair share no se jugará únicamente en Bruselas. La presión geopolítica, los intereses cruzados en comercio internacional y la falta de consenso interno seguirán condicionando la posibilidad de imponer cualquier tipo de tasa a las grandes plataformas digitales. Y mientras tanto, la inversión en redes continuará recayendo, en gran parte, sobre los hombros de los operadores.
