Brasil suma escuelas conectadas a través de una multiplicidad de estrategias: la ejecución de recursos destinados para tal fin, pero también la transformación de multas en obligaciones de hacer. Todo sirve, cuando de facilitar la llegada de accesos de banda ancha de calidad para uso pedagógico se trata.
Más escuelas
La estrategia de conectividad escolar en Brasil, vehiculizada a través de una multiplicidad de políticas públicas, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y recursos surgidos de diferentes ámbitos, como los previstos en la subasta 5G (que gestiona la Entidad de Gestión de la Conectividad Escolar (Eace), avanza.
Hace pocas semanas, la Agencia anunciaba el lanzamiento de una convocatoria para incluir 14.000 nuevas escuelas en el norte y noroeste del país, las zonas caracterizadas por tener los menores indicadores de conectividad. Por estas horas, Aprender Conectado -una de las iniciativas que dan forma a la Estrategia Nacional de Escuelas Conectadas (ENEC) y que ya cuenta con un año de experiencia– celebró el logro de haber garantizado el acceso a Internet a 6.032 instituciones de formación básica, ubicadas en diferentes latitudes; sobre todo en aquellas dos regiones desfavorecidas. Con esto, además, se garantizó el servicio a 751.000 estudiantes y docentes.
En el detalle del caso, el Eace precisó que se trata de 3.231 escuelas en el Noreste, 1.578 en el norte, 733 del sureste; 353 del sur y 137 ubicadas en el centro-oeste, y que se enlistan en un objetivo preciso, fijado en las 38.000 instituciones educativas conectadas hasta fin de 2026 y para lo que se destinaron 3.100 millones de reales (más de 562 millones de dólares).
Enroque
La iniciativa de conectividad escolar se complementa con la decisión estratégica del Consejo de la Anatel, por la que transformó una multa en obligaciones de hacer. Se trata de la conversión del pago de 15,8 millones de reales (2,8 millones de dólares) que se impuso a Sky Servicios de Banda Ancha, a cambio de que mejorara la conectividad escolar en zonas remotas del país.
“Esta decisión demuestra que es posible transformar las sanciones administrativas en acciones concretas que beneficien directamente a la sociedad, promoviendo el acceso a una educación de calidad y la inclusión digital”, dijo el concejal Alexandre Freire, ponente del caso.
No es la primera vez que el organismo resolvió intercambiar penas por beneficios, entre cuyos casos se encuentra el de Claro Brasil instrumentado hace menos de un año.
El organismo explicó (aquí) que la iniciativa está alineada con el Plan Estratégico de Anatel (2023-2027) y con los compromisos que el país asumió en relación a la Agenda 2030 de la ONU, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la educación, la inclusión digital y la reducción de las desigualdades.
Pero también está en línea con el Decreto Presidencial 11.738/2023, que instituye el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de Gestión Regulatoria (PRO-REG), además de las directrices de la OCDE sobre buenas prácticas regulatorias y del programa federal QualiREG.
Para Freire se trata de una decisión que apuesta por lograr una “conectividad significativa”, en el que se hace foco en el acceso, pero sobre todo en el uso eficaz y transformador de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
“Al garantizar que las comunidades escolares no solo estén conectadas, sino que también puedan utilizar estos recursos de forma productiva e inclusiva, la medida contribuye a reducir las desigualdades, ampliar las oportunidades educativas y promover la ciudadanía digital”, dijo el organismo, además de destacar que se evitó la judicialización de la sanción y sumó agilidad al proceso.
Sí, la conectividad escolar es una prioridad del país y eso se refleja en la apuesta inversora del gobierno pero también en la instrumentación de mecanimos que favorezcan estos despliegues, con el afán de lograr que todas las escuelas tengan acceso a Internet de alta velocidad, fijas e inalámbricas, móviles y satelitales, que se enmarcan en una estrategia nacional centrada en la inclusión digital y el desarrollo del país.
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