Colombia avanza en su apuesta de llevar el actual 60 por ciento de la población conectada al 85 por ciento para el fin del actual período administrativo y, para ello, se articulan diversas estrategias ad hoc. Entre ellas, las que por estas horas anuncia el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y por la que se permite que 900 organizaciones de base lleven conectividad a los territorios gracias a la ejecución del programa “Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad”.
Desde hace tiempo, el país avanza en la creación de una estrategia de achicamiento de la brecha digital en la que las propias comunidades se garantizan sus servicios. Hace cuatro meses, la Comisión Reguladora de las Comunicaciones (CRC) presentó la Resolución 7712 mediante la que facilitó la prestación del servicio de Internet Comunitario Fijo (ICF) en zonas rurales y de difícil acceso. Un camino que se había comenzado a recorrer dos años atrás, cuando el MinTIC había adelantado que reglamentaría la asignación y ejecución de recursos para Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) y, con ello, impulsar las redes comunitarias en todo el país.
Pero el logro que por estas horas presenta el MinTIC involucra que, tras recibir solicitudes de 4.200 organizaciones interesadas en sumarse al programa mencionado y evaluarlas, la cartera seleccionó a 900 que cumplieron con los requisitos de cara a vehiculizarlo en regiones como la Amazonia, Antioquia, Boyacá y el Eje Cafetero; como también en Santander, La Guajira, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Huila, y a quienes anunció la incorporación efectiva a esta primera fase del programa.
Imagen: Ministerio de TIC.
La idea es que las propias comunidades sean autosuficientes en la provisión de los servicios de conectividad, pero también sostenibles en sus ecuaciones financieras. Por ello, tras la realización de una fase de caracterización y de estudios de sitio -en la que se realizaron pruebas y ponderaciones técnicas en cada comunidad inscripta para precisar coordenadas y georreferenciación- el gobierno delineó la ruta para que 900 comunidades de todo el país avancen en la instalación de infraestructura.
Se trata de iniciativas destinadas a microempresas, que no podrán superar los 3.000 accesos de Internet y para los que se prevé la posibilidad de recibir colaboración de parte de los proveedores de internet (ISPs) regionales, que tengan radicación cercana a las comunidades que fueron seleccionadas, o de recurrir a tecnología satelital en caso de no disponer de un proveedor que los apuntale.
Del resto de las 4.200 organizaciones que se postularon, pero que no alcanzaron con los requisitos mínimos, el gobierno no descarta que puedan completarlos para futuras etapas de expansión del programa y para las que el MinTIC prevé dar seguimiento.
Estrategia en desarrollo
El programa “Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad” se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia de la Vida” (PND 22-26), donde se presenta al acceso a las comunicaciones como “un generador de oportunidades, riqueza, igualdad y productividad” y por ello se trazaron cinco objetivos.
El primero de ellos, llegar con conectividad digital a zonas vulnerables y apartadas, y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones, a través de diferentes tecnologías y compartición de infraestructura; el segudno, hacer de Internet y de las tecnologías digitales un instrumento de transformación social; y el tercero, desplegar infraestructura para mejorar la conectividad digital del país con redes neutras, cables submarinos, fibra óptica, tecnología satelital, entre otras tecnologías, mediante diversos mecanismos, entre ellos la coinversión entre el Estado y los actores privados.
Cuarto y quinto, a su vez, apuntan a promover la eliminación de barreras por parte de las entidades territoriales y/o nacionales para el despliegue de redes de telecomunicaciones; además de adelantar la asignación del espectro a través de esquemas y condiciones que maximicen el bienestar social y la compartición de este recurso, promoviendo su uso eficiente.
Con ese objetivo, en 2023 se delinearon artículos ad hoc en el PND, que se discutieron y que fueron aprobados en el Congreso de la República por ser valorados “claves para la cobertura de la conectividad en el país y, con ello, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos llevando justicia económica y social a los territorios”.
Por ejemplo, el artículo 140 propuso el incremento del porcentaje de las obligaciones de hacer para los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país para colaborar en el cierre de la brecha. Por esta razón, los pagos por la contraprestación por asignación o renovación del espectro radioeléctrico pasaron del 60 por ciento al 90 por ciento.
Otra de las modificaciones involucró que los proyectos regulatorios contengan condiciones diferenciales para las iniciativas de ruralidad, pero también para proveedores que tengan menos de 30.000 accesos a nivel nacional; y de generar condiciones de prestación de los servicios que permitan la inclusión de actores locales, municipales y regionales a través del establecimiento de establecimiento de cargas u obligaciones diferenciales.
Además, entender a la transformación digital como motor de oportunidades e igualdad, fomentar el fortalecimiento del sector TIC, e impulsar incorporación del enfoque diferencial en el servicio público de televisión y servicio público comunitario de radiodifusión, en sintonía con la necesidad establecer un procedimiento único para despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones.
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