En enero de este año, en México comenzó a regir la obligación de registrar las líneas móviles (que cuenten con chips físicos o eSIM) y cuyo vencimiento está previsto para el 30 de junio. El plan lo anunció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), entidad que ahora lanzó una campaña masiva que, con el acompañamiento de ejecutivos de las principales operadoras de telecomunicaciones del país, aspira a reforzar el blanqueo para que, transcurridos dos meses, se deje sin prestaciones -excepto las de emergencia- a los números no identificados.
“Este registro es por seguridad de todos y todas; lo que se quiere es eliminar el anonimato de millones de líneas que aún no están asociadas al nombre de una persona, ya sea física o moral. Esto es en el marco de una estrategia mucho mas amplia, en contra de la extorsión y otros delitos que se producen mediante líneas telefónicas, fijas o móviles”, dijo la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, en el evento realizado este lunes, en un escenario en el que también buscó despejar algunas de las inquietudes que generaron debate a lo largo de todo este proceso. La urgencia radica en que en dos meses, toda línea no registada dejará de funcionar.
Si, aquellas líneas que no cumplan con el blanqueo en este registro serán anuladas para uso general, aunque no para realizar llamadas de emergencia; que se establecerá un límite de diez líneas por persona física. También lo diferenció del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al aclarar que esta base de datos -a diferencia de aquella- no estará unificada, sino que será elaborada por cada operador telco en base a su listado de usuarios. También que el Estado no tendrá acceso a su contenido y que cualquier pedido de información de usuarios debe realizarse por las vias formales ya existentes, según lo determina la legislación local. E, inclusive, que la conformación del registro no involucra el resguardo de datos biométricos: sólo se asocia el nombre de una persona, con el CURP y con un número telefónico.
La aclaración fue pertinente porque, a pesar de que la CRT prohíbe el almacenamiento de datos biométricos o copias de identificaciones para proteger la privacidad, la medida generó fuertes críticas de organismos, que advirtieron sobre los riesgos de ciberseguridad que implica centralizar tanta información, además de la posibilidad de que estos registros se utilicen para vigilancia gubernamental sin control judicial.
Además, algunos sectores de la industria cuestionaron que esta estrategia no ponderó enfoques diferenciados para pequeños operadores y que la inclusión de líneas en roaming suponen obstáculos técnicos y financieros considerables para el sector.
La presentación que se realizó este lunes y que se transmitió a través de YouTube –aquí-, fue el ámbito en el que la CRT compartió datos oficiales: que ya se registraron 30.2 millones de lineas telefónicas al 19 de abril y que el 19 por ciento de ellas se corresponden con clientes de Telcel, el 16 por ciento de Movistar, el 29 por ciento de AT&T y el 28 por ciento de Bait.
Pero lo cierto es que el país ostenta alredor de 160 millones de líneas telefónicas móviles activas; una cifra que supera a los 132 millones de habitantes de un país y donde la gran mayoría de sus usuarios son prepagos. En ese escenario, la funcionaria admitió que “no vemos un escenario en el que tengamos millones de líneas sin registrar”, apostó Solano y confió en que “el mensaje llegará”, dijo y reconoció que, para llegar con los plazos pautados, deberian realizarse 1.5 millones de registros diarios.
