Declarado inconstitucional y anulado en 2022, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) renació de entre las cenizas como el Ave Fénix, cuando al comienzo del mandato de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaun, presentó dos iniciativas legislativas tendientes a robustecer los mecanismos de seguridad pública, investigación e inteligencia: la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” y la “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”. Y, al calor de ellas, instrumentar el funcionamiento de una base de datos poblacional, que involucran los datos personales y biométricos de cada línea telefónica registrada en el país, con acceso para la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Transformación Digital (ATDT). Los lineamientos que instrumentarían esta medida están en consulta pública hasta fin de mes, por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
El derrotero del Panaut
Tras ser anunciado en abril de 2021, el Padrón fue anulado un año más tarde, no sin debates; y concluyó con la declaración de su inconstitucionalidad y anulación.
La Suprema Corte de Justica de la Nación mexicana (SCJN) había valorado, con unanimidad de votos, que este que el PANAUT significaba una injustificable violación al derecho a la intimidad de las personas, además de la problemática que significaría una potencial vulnerabilidad de su sistema.
Durante aquel año, se conocieron todo tipo de manifestaciones en contra de aquella base de datos: medidas cautelares, reclamos formales, la crítica abierta por parte de la GSMA y hasta una declaración de controversia constitucional del ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Imagen: NEC
Presupuesto, consulta y más
La CRT, que desde hace un mes cuenta con la conformación de sus miembros y que funciona bajo la órbita de la ATDT, tiene a los lineamientos de su creación en consulta pública hasta el 27 de noviembre, disponible aquí.
“La Consulta Pública sobre el registro de líneas telefónicas móviles se realizará durante un periodo de 20 días hábiles a partir de este jueves 30 de octubre y busca recibir los comentarios, aportaciones, opiniones y otros elementos de análisis de todos los agentes del sector, desde concesionarios y proveedores, incluida la academia y las organizaciones civiles pero, sobre todo, de la ciudadanía, para perfeccionar este anteproyecto de lineamientos”, dijo la CRT, al momento de su anuncio.
En los lineamientos a discutir -disponibles aquí- se plantea que la ciudadanía y los operadores contarán con 120 días vigentes a partir de la sanción de la medida para conformar la base de datos y que, luego, “toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana”.
Plantea que los proveedores de servicio móviles deberán activar y mantener activo el servicio a las líneas que estén vinculadas a un usuario específico, asesorar a sus usuarios, que deberá habilitar dos herramientas, cuya navegación deberá ser gratuita: la Plataforma de gestión, y la de Consulta de líneas telefónicas móviles; además, de garantizar la posibilidad de generar llamadas a números de emergencia, entre otras habilidades. De esta manera, los prestadores deberán habilitar dos plataformas, cuyo desarrollo correrá por su cuenta: la de Gestión y la de Consulta de líneas móviles.
El medio local El Economista (aquí) precisó la dimensión de desembolsos que significan la creación de este Padrón: entre los 220 y los 249 millones de dólares (más de 4.000 millones de pesos) en infraestructura que, primero absorberían los operadores y, luego, los usuarios. Ergo, la mera creación supondría un incremento en las tarifas de la telefonía móvil.
Mientras corren los días de la consulta pública, se multiplican las alertas. Una de ellas, proveniente de la Red en Defensa de los Derechos digitales, que advirtió que en el registro de usuarios de telefonía móvil, “la legislación no contempla salvaguardas mínimas contra el abuso, como el control judicial. De esta manera, autoridades que frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia podrán acceder a datos personales sensibles de toda la población, amenazando así la seguridad y los derechos de la población”.
Y plantea que “este sistema centralizado de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos personales sensibles constituye una medida de vigilancia masiva e indiscriminada de la población, propia de un Estado policial, sin controles democráticos y susceptible de ser abusada incluso por la propia delincuencia que pretende combatir”.
Con todo, el proceso sigue abierto.
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