Desde este miércoles y hasta el 14 de mayo del 2026, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia, puso en consulta pública al lineamiento regulatorio con el que aspira a actualizar sus definiciones sobre los topes de asignación del espectro radioeléctrico identificado para comunicaciones móviles (IMT).
Se trata de una iniciativa que establece que el tope máximo de espectro radioeléctrico IMT será de 65 MHz para las bandas bajas (menores a 1 GHz), de 140 MHz para las bandas medias (entre 1 GHz y 3 GHz) y de 100 MHz para las bandas medias altas (entre 3 GHz y 6 GHz); y que prevé condiciones para compartir espectro como recurso para ampliar la conectividad en zonas rurales o desatendida, que ofrece esquemas flexibles para sumar actores al ecosistema digital, y que está en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
“El establecimiento de topes del espectro radioeléctrico representa una herramienta para asegurar una asignación eficiente y oportuna de este recurso limitado”, dijo el organismo en el anuncio y declaró su interés por “promover procesos más competitivos, ágiles y oportunos en la asignación de permisos de uso”.
Aunque la definición de topes de espectro se realizó vía Decreto, “de acuerdo con las condiciones del mercado y los nuevos mecanismos de asignación resulta necesario adelantar la modificación de estos con una mayor frecuencia, siendo pertinente simplificar el mecanismo”, dijo el organismo.
En el documento que el MinTIC ofrece en el marco de consulta, como memoria justificativa del plan de cambio, se plantea que el establecer nuevos topes máximos de espectro radioeléctrico para los servicios móviles terrestres radica en “redefinir las condiciones que aseguren un uso eficiente y un mejor aprovechamiento de este recurso limitado, permitiendo el despliegue de tecnologías avanzadas como 5G, inteligencia artificial y analítica de datos”.
Dice que “busca fomentar la competencia, mejorar la calidad de los servicios y aumentar el bienestar social al facilitar que los proveedores accedan a mayores cantidades de espectro, lo que puede traducirse en una reducción de precios y mayor inclusión social” y argumenta que se utilizó una metodología desarrollada por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), para la que se tomó como referencia a modelos “que evitan el acaparamiento y garantizan la seguridad jurídica para la inversión”.
El llamado a consulta pública está disponible aquí y los comentarios deben enviarse a [email protected].
