El Fondo de Servicio Universal (FSU) de la Argentina está embargado. Un proveedor de servicios de telecomunicaciones de San Luis recurrió a la Justicia para cobrar las actualizaciones de los Aportes No Reembolsables (ARN) otorgados durante la administración anterior para despliegues de red, luego prometidas por la actual gestión. Y la Justicia federal afincada en esa provincia decidió trabar un embargo por más de 750 millones de pesos (más de medio millón de dólares) sobre el fondo que regentea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
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Durante el gobierno anterior, el Enacom entregó ANR para despliegues de red a través de distintos programas, con el objetivo de llevar conectividad a las poblaciones de menos de 30.000 habitantes y a los barrios populares. Los interesados en obtener el ANR elevaban un proyecto al regulador que, tras aprobarse, entregaba un monto definido en tres cuotas. La primera cuota de esa iniciativa se pagó en la mayoría de los casos. El problema se presentó a partir de la recepción de la segunda cuota.
Debido a la inflación, en 2022 y en 2023 esos montos, que tenían un tope, fueron actualizados. Pero era queja recurrente de los beneficiarios no haber recibido el pago de la segunda cuota pese a haber presentado la documentación pertinente para seguir accediendo a la financiación.
Actualizame el presupuesto
En 2025, la actual gestionó tomó el guante y fue en el mismo sentido: actualizar esos presupuestos aprobados, tal como se estableció en la resolución 917/2025 .-tal como se ve aquí y publicada hace justo un año- en línea con la 1860/2022. Luego, una nueva resolución, la 1494/2025 -que puede leerse aquí- dispuso lo mismo pero para otros proyectos. En definitiva, hubo una actualización generalizada de los presupuestos aprobados entre 2022 y 2023.
Pero nada de eso parece haberse cumplido. Es lo que motivó a San Luis CTV a recurrir a la Justicia Federal para denunciar la situación. De manera específica, la operadora de telecomunicaciones provincial reclamó el cumplimiento del contrato IF-2023-109772521- APN -DTD#JGM (18/09/2023) celebrado entre la empresa y el Enacom para ejecutar un proyecto en el marco de la asignación del ANR aprobado en 2023.
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Allí solicita que “el ENACOM adecue los montos del contrato y abone a la actora la suma de $ 545.678.008” ( pesos argentinos, es decir, unos 380.000 dólares), tal como se lee en la orden que lleva la firma del juez federal Juan Carlos Nacul, a la que tuvo acceso TeleSemana.com.
También solicita indemnización por los daños y perjuicios provocados por las demoras, que considera imputables al mismo Enacom, además del pago de intereses moratorios por otros 208.647.087,65 pesos argentinos (unos 145.000 dólares) “por la demora en realizar la adecuación de los montos del contrato para mantenerlos a valor constante a la fecha de efectivo pago”. En el documento también se reclama otro conjunto de intereses por los incumplimientos, entre cuyos fundamentos surgen también los perjuicios soportados por la prestadora de servicios ante la evolución tecnológica y/o obsolescencia en la que se incurre por esas demoras.
Cansancio y embargo
Por estas razones, San Luis CTV solicitó una medida cautelar consistente en “el embargo preventivo por la suma de $ 754.325.095,65 (resultado de sumar $ 208.647.087,65 + $ 545.678.008,00)”, es decir, más de 526.000 dólares, más las sumas que corresponden en concepto de intereses y costas.
Por los motivos expuestos en la resolución, compuesta de 15 páginas, el juez federal Nacul decidió hacer lugar a la cautelar solicitada por San Luis CTV. “En consecuencia, ordeno trabar embargo preventivo por la suma de pesos quinientos cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y ocho mil ocho ($545.678.008,00), con más la suma de pesos ciento veinte millones ( $ 120.000.000,00) que se estima prudente para atender acrecidas ulteriores sobre los fondos y activos correspondientes al Fideicomiso de Administración Argentina Digital”. Es decir, el embargo preventivo terminará impactando en el Fondo de Servicio Universal que, hasta la fecha, acumula unos 26.000 millones de pesos (algo más de 18 millones de dólares).
Imagen: Michael Coghlan/Flickr
Resulta difícil precisar cuántos proyectos fueron aprobados entre 2022 y 2023. En aquellos años, el Enacom se ocupó de informar que estaba aprobando proyectos por sumas millonarias. Desde entonces, la queja sobre el no pago del total de los montos comprometidos por el regulador suele ser constante entre los ISPs que accedieron a los ANR. El lamento se extendió en la actual gestión que, pese a haber prometido la actualización pertinente, siguió incumpliendo. De ahí la exigencia para embargar los fondos del Servicio Universal.
El Enacom fue consultado acerca de si había recibido la notificación, pero hasta el cierre de este artículo TeleSemana.com no recibió novedades.
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