Los efectos climatológicos del fenómeno El Niño (o Super El Niño) ya impactan en América Latina con lluvias muy copiosas, inundaciones por el desborde de los ríos y nubosidad extrema, entre otros eventos adversos que imponen con urgencia que la región adopte acciones para la resiliencia y la contingencia. Sobre todo, en materia de telecomunicaciones que es la red que permite organizarse antes de la emergencia, pero también atenderla después, con salvatajes y ayudas. En ese sentido, se inscribe la novedad que se acaba de anunciar el gobierno de Uruguay, a propósito de la creación de un Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT – Móvil) para la difusión masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada de mensajes de alerta ante eventos adversos.
El último trimestre de este año y hasta febrero de 2027 es un período en el que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que existe una probabilidad cercana al 100 por ciento de que el fenómeno conocido como El Niño adopte un nivel de intensificación persistente hasta transformarse en grave; algo que ya es real.
El anuncio de Uruguay se conoció en la misma semana en que, dada la gran cantidad de agua caída en la cuenca del río Iguazú, afluente del Río Paraná, se obligó a la apertura de las compuertas de la megarepresa de Itaipú y la afectación de zonas de Brasil, Paraguay y del litoral argentino, en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos que están en la cuenca del Río Paraná y que ya están anegadas, con evacuaciones y demás medidas de emergencia.
Y aunque esto no supone una afectación inmediata a Uruguay, porque estas aguas no desembocan en el sistema del río Uruguay, el escenario de emergencia ofrece una foto que bien podría reflejarse en la cuenca del este río conocida por su represa binacional Salto Grande (administrada entre Argentina y Uruguay).
En estos escenarios, las redes de telecomunicaciones ocupan un rol central para salvar vidas, gracias a su capilaridad, resiliencia y disponibilidad antes, durante y después de la emergencia.
Los detalles técnicos del anuncio
A través de la adopción del estándar técnico Cell Broadcast System (CBS) y del Protocolo Común de Alertas (CAP), el decreto publicado en Uruguay ya está en vigencia e insta al sector a garantizar su pleno funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2026.
La novedad se instrumentó mediante la publicación del decreto del Poder Ejecutivo local, firmado en Montevideo el 8 de octubre y disponible aquí, habilita al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y al Ministerio del Interior como únicos organismos habilitados para emitir alertas, el primero para amenazas hidrometeorológicas, geológicas, sanitarias, químicas, radiológicas, incendios forestales y otras emergencias. En el segundo caso para la emisión de las Alertas Amber, un mecanismo para la búsqueda de niño, niñas y adolescentes desaparecidos dispuesto mediante la Ley N° 20.381. A su vez, se prevé que sea la Unidad Reguladora de las Comunicaciones (Ursec) quien controle el funcionamiento.
La apuesta involucra contar con una herramienta que “permitirá advertir a la población, en tiempo real, sobre la ocurrencia o inminencia de eventos adversos de origen natural, antrópico o sanitario” y para garantizar su pertinencia, se prevé que haya un protocolo de activación interna por el que el SINAE exigirá un mecanismo de autenticación con la intervención de al menos dos funcionarios jerárquicos, con disponibilidad 24/7. Y, de forma excepcional, el director Nacional de Emergencias podrá autorizar emisiones inmediatas ante riesgos inminentes.
También la industria de las telecomunicaciones tendrá roles que ocupar, como consecuencia de que la infraestructura tecnológica es de vital criticidad en este sentido. Por ello, la normativa establece que la operadora pública Antel deberá implementar, alojar y mantener la plataforma CBE bajo la modalidad as a service, algo que también se hace con el afán de garantizar la soberanía y protección de los datos.
Además, señala que todas las operadoras móviles que actúan en el país, incluida Antel, deben contar con un módulo CBC conectado directamente al CBE; que las alertas deben estar georreferenciadas mientras persista el peligro para abarcar nuevos dispositivos que ingresen al área.
Inclusive la normativa prohíbe que, a partir de su vigencia, ingresen dispositivos al país para ser comercializados que no cumplan con las especificaciones 3GPP de difusión de celdas; a la vez que insta a que las operadoras implementen las actualizaciones remotas necesarias para alcanzar aquellos equipos que estén en uso.
Los mensajes que se comunicarán deberán ser claros y breves, tanto para el inicio de la alerta como para el cese, y tendrán carácter de prioridad absoluta sobre el tráfico general de datos, gratuita para los usuarios y sin la necesidad de consumir los datos
Aunque el sistema debería estar íntegramente desarrollado para fin de año, se prevé que se realice una prueba piloto en al menos un departamento antes de la puesta en marcha total, a la vez que se establece que, tras puesto en marcha, se deberán hacer dos pruebas por año como mínimo, que tendrán ser anunciadas con 48 horas de anticipación y la participación obligatoria de los operadores.
Otras acciones de contexto
Además de la alerta, el Sinae desarrolla mecanismos de respuesta institucional ante el impacto del fenómeno El Niño 2026-2027, a través de la articulación de medidas entre organismos nacionales y departamentales, el relevamiento de recursos y el fortalecimiento de coordinación ante eventos hidrometeorológicos e inundaciones de gran magnitud.
Por un lado, las acciones previstas suponen desde la planificación de evacuaciones, el relevamiento de alojamientos temporales, traslados sanitarios y apoyo en el proceso de retorno a los hogares; además de garantizar la asistencia, la alimentación segura y el sistema de salud.
También, estrategias para proteger infraestructuras críticas y garantizar la continuidad o rápida recuperación de servicios esenciales, conectividad y comunicaciones; y la creación de una herramienta digital interactiva para integrar y mapear los recursos humanos y materiales disponibles por territorio, con información georreferenciada integrada al sistema de alertas y la comunicación pública.
La región está en alerta y esto supone el desarrollo de medidas como las que acaba de anunciar Uruguay y que se suman a las experiencias probadas en Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela donde los sistemas de alertas y de emergencia permiten prepararse y enfrentar mejor situaciones complejas.
